Desde hace años, en el sur del Estado de México, La Familia Michoacana sumó a sus actividades criminales penetrar las economías de por lo menos 14 municipios, las que en apariencia tenían una fachada legal. Del lavado de dinero a cobrar impuestos a quien quisiera vender o comprar casi todos los productos de primera necesidad, generando una inflación que afectó a los ciudadanos de esos municipios.
Como dos ejemplos terribles: el precio del pollo se incrementó más de 350%. Materiales de construcción alcanzaron sobreprecios hasta en 400%.
A través de sindicatos fantasmas, los comerciantes eran obligados a comprar materiales a diversos negocios y quien no lo hiciere, simplemente los asaltaban y golpeaban para que se alinearan a los intereses delictivos.
Otro ejemplo fue el de los clientes de empresas de paquetería (Mercado Libre, Federal Express y Estafeta), quienes, para poder recibir sus paquetes, debían de pagar una cuota extra para recibirlos o peor aún, los paquetes eran revisados por los criminales, quienes en muchas ocasiones robaban los contenidos de los mismos.
Todo lo anterior, simple y sencillamente no podía seguir así. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, al frente del teniente coronel Cristobal Castañeda Camarillo; la Fiscalía General del Estado, con el fiscal José Luis Cervantes Martínez, en coordinación y con apoyo de Sedena, Guardia Nacional, Semar y la SSPC, activaron esta semana la Operación Liberación, que se sumó estratégica y consecuentemente al Operativo Enjambre, puesto en marcha en abril pasado y que lleva más de 60 detenidos, entre ellos funcionarios municipales y dos alcaldes.
En esta acción coordinada se llevaron a cabo cateos en 63 establecimientos comerciales de 14 municipios: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Así como debe señalarse cuando las autoridades no cumplen su responsabilidad, también es importante reconocer cuando la estrategia, la coordinación y los operativos conjuntos funcionan y exhiben prácticas criminales que, disfrazadas de legalidad, afectan tanto a las poblaciones.
Cristobal Castañeda ha demostrado capacidad y experiencia al frente de la seguridad pública mexiquense. Sin lugar a dudas, la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez por apoyar las estrategias y los operativos es la fórmula correcta para enfrentar a los grupos criminales.
La mancuerna entre el fiscal Cervantes y el secretario Castañeda también debe reconocerse como el ejemplo de lo que en muchos estados debe ser, ya que sigue siendo la seguridad la principal demanda ciudadana de los mexicanos.
Por supuesto que la respuesta criminal siempre se manifiesta cuando las autoridades cumplen con su labor, lo que, sin duda, las autoridades mexiquenses ya tienen contemplado.
El nombre de esta operación es justamente lo que necesitan los mexicanos, es decir, se les debe liberar de las amenazas y extorsiones a las que en muchas localidades se les tiene sometidos. La estrategia de seguridad del gobierno federal se enfoca justamente en ello: liberar al ciudadano, a través de inteligencia, investigación y coordinación.
Cabo de Guardia
Al momento de escribir este texto, el gobierno mexiquense, en un acto inédito, repartió entre los pobladores del sur de la entidad todo lo decomisado en el operativo, a través de una solicitud anticipada de bienes, hecha por la Fiscalía del estado a un juez.
Se insiste en que el ejemplo mexiquense debe ser tomado en otros estados del país.
