Gobernar cansa. Cansa y pasa factura. Aunque gobernar en los ámbitos federal, estatal y municipal es distinto, quienes asumen esa responsabilidad están expuestos a cuadros de depresión, de ansiedad, a trastorno bipolar e incluso a la dependencia del alcohol o de alguna droga.
En una entrevista publicada en 2013 por el periódico español La Vanguardia, Jonathan Davidson, profesor del departamento de Psiquiatría y de las Ciencias del Comportamiento en la Duke University, en Dirham, EU, decía que los políticos no tienen predisposición a volverse locos, pero sí se podría, por ejemplo, poner atención a tendencias previas, a algún síntoma, antes de que asuman el cargo para evitar que al ejercer el poder el problema se acentúe.
Jonathan Davidson y su colega David Owen, que en los años setenta del siglo pasado fue ministro de Exteriores del Reino Unido, abordan el problema en políticos como Theodore Roosevelt y Richard Nixon en varios artículos, entre ellos uno publicado en la revista científica Brain de Oxford University Press.
Hace años que pienso en ese texto Brain a partir de que aquí en Puebla, no son pocos los problemas que se han tenido en cuanto a gobernadores, alcaldes y personas en general que asumen el oficio político y muestran gradualmente un deterioro de su salud mental.
La lista de funcionarios podría comenzar con el ex gobernador Mario Marín Torres, que terminó su sexenio a pesar de que se reveló un audio en el que era evidente que mantenía una relación con una menor de edad, algo que, sabemos, está penado.
O de Javier López Zavala, encarcelado como presunto responsable del asesinato de la activista Cecilia Monzón que era, además, madre de su hijo. ¿Quién manda matar a la madre de su hijo? López Zavala pudo ser gobernador, como Marín, de millones de personas.
Más recientemente hemos conocido de dos alcaldes que presumiblemente han asesinado estando en funciones: uno de ellos es el del presidente municipal de Acteopan, Álvaro Tapia Castillo, quien golpeó a su esposa María Elianet Sandoval en una camioneta, ella se bajó de la unidad y él la atropelló intencionalmente, la arrastró un par de metros y luego escapó.
Otro es Emiliano Vázquez Bonilla, alcalde de Zapotitlán de Méndez, investigado por el asesinato de Ramón Malagón, chofer y escolta de quien lo sustituirá en la administración municipal.
Presidentes, gobernadores o alcaldes no se trata de un problema que se deba pasar por alto aunque estemos en una sociedad que estigmatiza a quienes tienen padecimientos o trastornos psíquicos que van más allá de una simple, por compleja, depresión. Sus decisiones, sus acciones, afectarán la vida de miles o millones de personas.
Algo deberán hacer los partidos políticos y los organismos electorales para evitar lo que parece inadmisible: postular a puestos de toma de decisiones a personas propensas a desarrollar alguna enfermedad o trastorno psíquico que repercuta en sus decisiones.
Al margen
Este viernes la organización Transportistas Unidos hará un paro nacional ante la falta de pago a proveedores de roca basáltica para la construcción del Tren Maya. Cerrarán las entradas a Ciudad de México, Cuernavaca, Querétaro, Puebla, Pachuca, Veracruz y Cancún. ¿Cuánto les deben?, dicen ellos que 90 millones de pesos.
