Al cumplirse, el 29 de agosto pasado, 23 años de la “voluntaria declinación” del priista Ramón Aguirre Velázquez a tomar posesión de la gubernatura de Guanajuato, a pesar de haber sido constitucionalmente electo, nos parece de interés público reproducir el siguiente material, con extractos de las entrevistas realizadas al panista Carlos Medina Plascencia, quien luego de ello fue designado gobernador interino, y al priista Carlos Chaurand Arzate, quien fungió como jefe del Congreso.
El inédito hecho, conocido para la posteridad como “El Ramonazo” o “La Concertacesión”, ilustra la manera en que el PAN se hizo del poder en Guanajuato. Años después, según cuentan sus actores, ese ascenso estuvo determinado por la negociación y el acuerdo, por encima del resultado electoral.
El interinato, que duró cuatro años, es testimonio histórico del pecado original que marca la llegada, por vía ilegítima, del panismo a la gubernatura, y cómo ha aprovechado ésta para conservar el poder.
El preámbulo del acuerdo
Teniendo como antecedente la cuestionada elección federal de 1988, a mediados de 1991 y con un escenario electoral competido que anunciaba la necesidad de un claro, imparcial y legal desempeño de la Comisión Estatal Electoral, el entonces empresario y presidente de la Concanaco, Hugo Villalobos, señalaba a los medios de comunicación: “El próximo 18 de agosto en el estado, el gobierno tiene la obligación de mantener la trasparencia de la voluntad ciudadana con respeto y reflejada plenamente (…) en nuestro estado hay las condiciones de desarrollo de una madurez que, si había de escribirse en algún lugar, es en Guanajuato, donde puede comenzarse a leer el prólogo.”.
En medio de la ebullición electoral y como respuesta a la reiterada demanda de los actores sociales sobre el respeto a la voluntad ciudadana en la elección en la que los guanajuatenses elegirían al sucesor de Rafael Corrales Ayala, éste se comprometió públicamente a garantizar unas elecciones limpias, respetuosas y de resultados transparentes. En su sexto y último informe de gobierno reconocía: “No pocos agoreros del fatalismo, dicen o indican que Guanajuato está en el ojo del huracán y en lo que respecta a las elecciones locales y federales, el próximo 18 de agosto, hay que encender luces rojas. Tengo fe en que mi estado natal saldrá airoso (…)”.
El reconocimiento del gobierno de una de las competencias electorales más reñidas de la historia política guanajuatense, con los contendientes de las principales fuerzas políticas del estado, del PRI, Ramón Aguirre, ex regente capitalino; del PAN, Vicente Fox Quesada, polémico ex diputado federal y empresario, y del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, el guanajuatense “avecindado por derecho de sangre”, se expresaba de forma reiterada en frecuentes llamadas a la cordura: “no pocas heridas de bala cicatrizan, las de lengua, casi nunca, y al día siguiente de las elecciones todos necesitaremos de todos para el buen gobierno de la entidad”, recalcaba, como premonición, Corrales Ayala.
Guanajuato se encontraba en un trance único en su historia política, habiendo acaparado la atención de todos por la proximidad de una competida elección, quizá más que la desarrollada en el vecino estado de San Luis Potosí y mucho más que la de Querétaro, donde también se aproximada el cambio de gobernador.
Para la elección dominical del 18 de agosto había 1 millón 651 mil 405 guanajuatenses con credencial de elector, pero, considerando que el censo de 1990 reportaba 2 millones 115 642 hombres y mujeres mayores de 18 años, se quedaron al margen de su derecho a votar 464 mil 237. La elección sería determinada por una mayoría muy relativa, considerando, además, el abstencionismo que se temía volviera a presentarse, pues se arrastraba debido al histórico desencanto electoral.
La jornada electoral se llevó a cabo con relativa tranquilidad, salvo incidentes menores. Así fue reportado por el presidente de la Comisión Estatal Electoral, José Aben Amar González. En las primeras horas del lunes comenzaron los llamados de los candidatos, proclamándose ganadores. Y con ello el inicio de una jornada de júbilo, descalificación de grupos y confusión social. El primer partido que dio el albazo fue PRI, anunciando una abrumadora ventaja de Ramón Aguirre sobre el resto de los contrincantes, “con una tendencia favorable e irreversible del 58 por ciento de los votos emitidos en poco más del 80 por ciento de las casillas y sin desplantes triunfalistas debemos de reconocer que el triunfo fue de los ciudadanos”.
El conteo parcial ofrecido por la Comisión Estatal Electoral el día posterior a la elección, no obstante tratarse apenas a poco más de la mitad de las actas levantadas de las mesas directivas de casilla, alcanzaba los 626 mil sufragios depositados a favor de todos los partidos contendientes.
Lo que fue una realidad es que la intensidad de la presencia ciudadana en el proceso electoral benefició sobre todo a dos partidos políticos: el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, instaurándose de golpe un bipartidismo inédito en la entidad. Ello en virtud de que tanto el PRI como el PAN obtuvieron cifras que, aún con el cómputo parcial, rebasaban ampliamente sus máximos históricos por distrito.
Los días posteriores a la elección se tiñeron de escuetas cifras por parte de la Comisión Estatal Electoral, y de la oscilación de números que de momento abrían grandes abismos, y en otros se estrechaban, lo cual dio paso a la suspicacia. Acabó siendo un caos: Los observadores políticos desaparecieron, las radiodifusoras y medios impresos adelantando vísperas de triunfo al candidato priista, sin ceder espacio al candidato panista , quien reclamaba el reconocimiento de “su triunfo”, al mismo tiempo que en coordinación con el presidente nacional de su partido, Luis H. Álvarez, Alfredo Ling Altamirano, presidente del PAN estatal, y el secretario general del partido, Ramón Martín Huerta, planeaba acciones de “resistencia civil” para revocar las tendencias y “defender el triunfo a pesar de las marranadas” , y la fuerza del partido del gobierno que buscaba imponer el resultado a favor su candidato.
Pese a la inconformidad del ex candidato panista –que se encontraba ampliamente respaldado por el ex candidato perredista, quien incluso le “levantó” la mano – el Congreso del Estado erigido en Colegio Electoral aprobó por mayoría, en sesión extraordinaria, el 29 de agosto, el dictamen mediante el cual se decretó “la validez de la elección para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado, declarando gobernador constitucional del estado de Guanajuato para el sexenio que comenzará el 26 de septiembre del presente año y terminará el 27 de septiembre de 1997, a José Ramón Aguirre Velázquez, en virtud de haber obtenido la mayoría de votos válidos con un total de 624 mil 855” :
Minutos después de haber recibido el comunicado del Colegio Electoral, Ramón Aguirre declinaba al Poder Ejecutivo del estado “para preservar la tranquilidad y paz de la entidad”. Anunció haber resuelto no presentarse a rendir protesta como tal, en una decisión que calificó como la más difícil de su vida. Justificó, asimismo, esta decisión como una actitud propia y consciente, al tiempo que convocó a los guanajuatenses a defender sus valores “por encima de quienes actúan sólo movidos por su afán de poder”.
La Constitución Política del Estado de Guanajuato preveía, en su Artículo 73, la elección de un gobernador interino en el caso de que el gobernador electo no se presentase a la toma de posesión. El gobernador interino, precisaba la Ley, duraría en funciones hasta que tomara posesión el que resultara electo en los comicios extraordinarios a los que debía convocar el Congreso del Estado. El gobernador interino debía ser electo por una mayoría de votos de los diputados presentes en la sesión convocada para tal efecto, en escrutinio secreto, por el propio Congreso del Estado.
Luego de concluir a las 3:30 de la madrugada del 1 de septiembre la sesión que había iniciado el viernes 29, el Congreso del Estado, erigido en Colegio Electoral y presidido por el diputado pedemista Ramón Torres Robles, declaró gobernador interino, por nueve votos a favor y seis en contra, a Carlos Medina Plascencia, quien debería asumir el cargo a partir del 26 de septiembre.
En la voz de la distancia, el reconocimiento
A 17 años de distancia, Carlos Medina refiere la explicación política de la decisión:
Yo creo que el objetivo era resolver un enredo que se ideó para destrabar un anquilosado, añejo y viciado sistema de elecciones, fue el último proceso electoral que lo condujo el gobierno para elegir gobernador, yo no justifico la decisión política que se dio a un problema que se generó a partir de que aparecieran decenas de miles de boletas más para gobernador que para senador, siendo que son el mismo número de sufragantes (…) El liderazgo de Vicente Fox fue fundamental, me parece también que a tres años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari el PAN había tenido contribuciones importantes como para agraviar al PAN con esta situación, donde el PAN estaba apostando todo por Guanajuato y por San Luis Potosí, la decisión de aceptar este tipo de negociaciones o soluciones políticas la aceptaron quienes estaban directamente involucrados en Guanajuato y no yo (…) No la aceptaron en San Luis Potosí allá la solución era algo similar, pero allá no aceptaron (…)
La solución para Guanajuato era complicada, polémica porque era increíble pensar una solución de éstas sin el acuerdo del Presidente de la República, por eso si esto se pudo hacer fue por resolver ese problema que no manchara el proceso electoral del 91 porque eran los primeros tres años, de reivindicación…Vicente Fox me plantea este asunto del interinato, él me levanta la mano- aunque él nunca lo ha aceptado públicamente - lo preví como un interinato para dos años, tiempo necesario para las reformas que debían hacerse y en eso fui puntual con Carlos Salinas …no estaba considerando en ese momento otros aspectos políticos como la participación nuevamente de Fox, en ese sentido no intuí que Carlos Salinas estaba dispuesto a impedirlo como fuera (…)
A distancia me queda claro que Salinas sabía que el interinato debería terminar al terminar él su mandato…No me dieron garantías, el acuerdo fue con Salinas de una reforma a fondo y al interior del partido con Diego y Fox…”así le entré” con las condiciones de tener un Congreso de mayoría –comandado por Carlos Chaurand- y Secretario de Gobierno, – Salvador Rocha Díaz- priistas (…)
Ese era el acuerdo que cambió mi aspiración de terminar la alcaldía y retirarme de los cargos públicos (…)
En este mismo ejercicio de contrición, el señalamiento del priista Carlos Chaurand:
(El interinato) “dio lugar a que el PRI pasara a ser oposición (respecto al Ejecutivo) sin dejar de ser mayoría. Pues no sólo se tenía la mayoría en el Legislativo, sino en la casi totalidad de los ayuntamientos municipales. La responsabilidad histórica del PRI, en esa transición, y más específicamente de la fracción priista en el Congreso Local, (pues el PRI no es una estructura que funcione monolíticamente) fue la de construir la gobernabilidad, la de conducir al gobierno y la de mantener la paz social, pues Carlos Medina, por decir lo menos, era extremadamente bisoño en el manejo de la cosa pública, prácticamente se le tuvo que llevar de la mano y cogobernar con él durante los primeros años de su gestión”.
Nota bene: El presente material forma parte de la tesis “La ciudadanización y el Instituto Estatal Electoral del estado de Guanajuato (IEEG)” que para obtener el título de Maestra en Política y Gestión Pública realizó la autora en los meses Enero 2008 - Abril 2010
