En Sinaloa, según la mayoría de medios de comunicación, es pública y notoria la presunta relación del gobernador de esa entidad federativa, Rubén Rocha Moya, con los grupos de narcotraficantes que operan, principalmente desde Culiacán y Mazatlán y que impunemente realizan operaciones en diversos países.
La protección de ese personaje y sus operadores políticos desde la presidencia de la República, primero por Manuel Andrés López Obrador MALO y después por la presidente Sheimbaum, ha sido, no solo notoria, sino más bien escandalosa.
Solo basta recordar la elección del domingo 6 de junio del 2021 donde descarada y abiertamente integrantes del grupo criminal de “Los Chapitos” operaron abiertamente para que, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Ruben Rocha, ganara la elección. Políticos afirman que existían altas probabilidades que el PRI ganara esa elección estatal, sin embargo, los narcos “levantaron” a varios operadores políticos de ese y otro partido, desde días antes intimidaron e incluso secuestraron a varios de los candidatos para que se retiraran de la elección y en la jornada electoral destruyeron casillas electorales, se robaron 16 y amenazaron a los votantes, todo esto fue motivo de impugnación ante los órganos electorales, tanto en el Instituto Electoral como en Tribunales Electorales, sin que se reconocieran estas graves anomalías, que en cualquier otro país, verdaderamente democrático, hubiera generado no solo la nulidad de la elección y la consignación penal de los delincuentes electorales y fue declarado Rocha Gobernador electo.
Después ocurrió el secuestro del Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y la respuesta de las autoridades mexicanas fueron de lo más ridículo ya que abrieron carpetas de investigación por delitos tales como “vuelo ilícito, uso de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte”. En ese secuestro ocurrido en el Rancho Huertos del Pedregal también fue asesinado el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cúen Ojeda, poderoso enemigo de Rocha Moya, homicidio que se intentó simular, hasta con videos mal hechos por cierto, que había ocurrido en una gasolinera lejana, versión que destruyó la misma Fiscalía General de la República FGR, y que obligó la renuncia de la procuradora del estado, pero al gobernador no le afectó dicho circo, dada la cercanía con MALO, quien estaba muy enojado no solo por la detención sino porque nunca le avisaron. Dicho secuestro llevo a una guerra entre la gente del Mayo Zambada y el grupo de Los Chapitos, desde septiembre de 2024 (El tercer Culiacanazo) que ha causado ya, el asesinato de más de tres mil personas.
Pues ahora resulta que esta semana el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, con base a investigaciones de la DEA y la CIA y declaraciones de testigos protegidos, acusa a Rubén Rocha Moya, al Senador de Morena Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios de presuntos vínculos con el Cartel fundado por el Chapo Guzmán, situación que fue ratificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtiendo que fue solicitado al gobierno mexicano la captura con fines de extradición de esas personas, pero que la solicitud no viene acompañada de pruebas suficientes. Recordemos que en el caso de García Luna bastaron solo testimonios de narcotraficantes que el mismo había detenido, para inculparlo.
Creo que la respuesta tanto del canciller, de la Fiscal General y la presidentE solo fueron realizadas para ganar tiempo, resultando muy cuestionable su dicho, ya que lo solicitado es una medida cautelar de “detención provisional con fines de extradición”, no es una petición formal de “extradición”, y de acuerdo al Tratado de Extradición firmado con los Estados Unidos el 4 de mayo de 1978, en la solicitud de detención provisional según el artículo 11 del citado Tratado sólo señala: “Detención Provisional 1.- En caso de urgencia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá pedir, por la vía diplomática la detención provisional de una persona acusada o sentenciada. El pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de la existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en contra del reclamado.”, por lo que es completamente falso lo señalado por la presidentE Sheimbaum, su fiscal y su canciller de que la solicitud no procede “porque no viene acompañada de pruebas suficientes”. Las pruebas si se exhibirán posteriormente cuando se presente la petición formal de extradición de acuerdo al propio artículo 10 del Tratado.
Pero hay un problema, el Gobernador Rocha y el Senador Inzunza gozan de fuero constitucional, por lo que no podrán ser detenidos hasta que terminen el desempeño de su cargo, aunque sobre crímenes transnacionales (como el narcotráfico) pueden contemplar excepciones o mecanismos de desafuero, tornándolo en un punto relevante para el debate público. En el caso de los otros requeridos, el gobierno mexicano debe actuar de inmediato.
La presidente enfrenta un grave dilema, si no atiende esta solicitud, da la razón a la oposición de que esta coludido todo el gobierno federal con los narcos y el mote de Narcogobierno es veraz. Si lo atiende, lo más seguro es que todos estos, llegando a los Estados Unidos soliciten acuerdos como testigos protegidos, hundiendo más a varios políticos de Morena que ya traen la guillotina sobre sus cabezas. En el caso de Rocha y el senador Inzunza los gringos tendrán que venir por ellos, igual que como se llevaron al Mayo Zambada, para que Rocha reciba, como dicen en mi rancho “Una sopa de su propio chocolate”.
La oposición ya tiene en Morena su García Luna, previo a las elecciones del 2027, veamos como lo capitalizan.
