Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, encabezó la lista de 10 funcionarios y exservidores públicos del estado incluidos en una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con la facción de Los Chapitos.
Aunque el documento advierte que la presunta relación entre el grupo delictivo y autoridades corruptas de la entidad se remonta hasta hace una década, la supuesta cercanía de Los Chapitos con Rocha Moya sería rastreable hasta el año 2021, justo antes de convertirse en gobernador.
2021: primer acercamiento con Los Chapitos e impulso de Rocha Moya hacia la gubernatura, según EU
A principios de 2021, Sinaloa se preparaba para las elecciones con las que se renovarían regidurías, sindicaturas y presidencias en todos sus municipios, así como 40 diputaciones y la gubernatura del estado, que en ese entonces recaía en Quirino Ordaz Coppel.
Las campañas iniciaron formalmente el 4 de abril de ese año y, según la acusación en su contra, Rubén Rocha Moya se habría reunido por aquellos meses con líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
"En la reunión, que fue protegida por sicarios del cártel armados con ametralladoras, Iván y Ovidio prometieron que Los Chapitos se asegurarían de que Rocha Moya ganara las elecciones a gobernador", se lee en el expediente consultado por MILENIO.
A cambio, según la Fiscalía, Rocha Moya se comprometió a colocar en puestos de autoridad a funcionarios "favorables al tráfico de drogas de Los Chapitos".
Poco antes de la jornada electoral del 6 de junio, el empresario Enrique Díaz Vega le entregó a Los Chapitos los nombres y direcciones de los contrincantes políticos de Rocha Moya para que aquellos pudieran amenazarlos o forzarlos a dejar la contienda. Díaz Vega, eventualmente, fue nombrado secretario de Administración y Finanzas de Rocha.
Aunque la acusación no incluye nombres ni cifras respecto a las víctimas de estos actos, la prensa local reportó que entre el 5 y 6 de junio varios operadores electorales —tanto del PRI como de Morena— fueron secuestrados en diversos puntos de la entidad.
El día de las elecciones, sicarios comandados por Iván Archivaldo Guzmán "robaron papeletas y urnas del partido opositor", advierte el documento. La presunta red de complicidades se extendió hasta la Policía Estatal, cuyos mandos "prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos electorales" incluso si alguien denunciaba actividades delictivas.
El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) declaró posteriormente que Rubén Rocha Moya, representante de la coalición entre Morena y el Partido Sinaloense (PAS), había ganado la contienda tras quedarse con más del 56 por ciento de los votos.
El supuesto cobijo a Los Chapitos durante la administración de Rocha
Luego de que se confirmara la victoria de Rocha Moya en las urnas, el actual gobernador y Enrique Inzunza Cázarez —expresidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa— se reunieron con Los Chapitos y se comprometieron a brindarles el control de la Policía Estatal para operar sin interferencia alguna, según la acusación firmada por el fiscal Jay Clayton.
La connivencia no quedó ahí, acorde con el expediente, sino que se extendió durante la administración de Rocha hasta instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía de Investigación y la Policía Municipal de Sinaloa.
En la investigación se menciona, por ejemplo, que el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra habría recibido hasta 11 mil dólares mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos a cambio de notificaciones sobre operativos en su contra.
29 de abril de 2026: la revelación del expediente contra Rocha Moya y las reacciones
Poco después del mediodía (tiempo de México), el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación de 34 páginas contra Rocha Moya y otros nueve perfiles de alta relevancia en las instituciones públicas de Sinaloa.
el datoAcusación fue revelada en medio de polémica por agentes de la CIA
La imputación contra Rocha Moya y otros nueve servidores públicos y exfuncionarios se hizo pública en medio de las investigaciones iniciadas en México respecto a la presunta participación extraoficial de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua.
Entre las primeras reacciones destacó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual confirmó que la tarde del 28 de abril recibió múltiples solicitudes de extradición desde Estados Unidos.
Al considerar que los documentos no contaban con elementos suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas, se turnó la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar la viabilidad de las solicitudes de detención provisional.
Casi una hora después de la revelación, Rubén Rocha Moya compartió un comunicado en su cuenta de X con el que rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones formuladas en su contra.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Este ataque no es únicamente…
Esa misma tarde, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, confirmó que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizaría la documentación recibida para establecer "si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin".
Asimismo, Lara López advirtió que la FGR iniciaría una investigación paralela con el fin de resolver si la acusación hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York cuenta con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
En su primer pronunciamiento, Ulises Lara sostuvo que la solicitud "no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados".
30 de abril: presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fija su postura
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que desde su llegada a la titularidad del Ejecutivo, asumió el compromiso de "velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional".
"Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía; es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", aseveró Sheinbaum Pardo.
Mi posicionamiento: verdad, justicia y defensa de la soberanía. pic.twitter.com/zY3ifmbqF8
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026
BM.
