En mi colaboración anterior abordé el papel de los Tribunales de Justicia Administrativa en México. Hoy quiero detenerme en el que resulta totalmente incómodo para algunos de los que ejercen el poder público en Jalisco: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA), antes conocido como TAE.
La incomodidad que genera entre gobernantes estatales y municipales tiene una explicación muy concreta: en la mayoría de los casos, el TJA le da la razón al ciudadano, simplemente porque la tiene. Este órgano jurisdiccional conoce y resuelve controversias entre particulares y la Administración Pública Estatal y Municipal, convirtiéndose en un contrapeso real frente a autoridades que, con demasiada frecuencia, asumen que ellos siempre tienen la razón.
Un dato ilustra bien su labor, más del 80% de las demandas que recibe corresponden a multas de estacionómetros, infracciones viales y fotomultas por exceso de velocidad. En la gran mayoría de esos casos, el tribunal resuelve a favor del ciudadano y anula las sanciones. Por casos como este, no goza de especial simpatía entre los gobiernos en turno.
Ante el creciente volumen de asuntos, muchos de ellos por montos pequeños, pero de gran importancia para quien los padece, los magistrados del TJA, encabezados por su entonces presidente, Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, de la mano de un equipo informático de alto nivel, emprendieron un proyecto que pocos apostaban que prosperaría, construir un sistema de juicio en línea que permitiera sustanciar los procedimientos administrativos de forma íntegramente digital.
El resultado superó las expectativas. Con un presupuesto anual, siempre totalmente deficitario y sin los recursos que otros poderes del Estado gozan, el TJA desarrolló lo que hoy puede considerarse el sistema de juicio en línea más avanzado de un tribunal administrativo a nivel nacional.
La plataforma permite a las partes acceder a sus expedientes desde cualquier ubicación, las 24 horas del día, los 365 días del año. Todas las notificaciones se realizan de forma electrónica: en 2025, el propio tribunal reportó la emisión de 1,032,636 notificaciones digitales, eliminando desplazamientos físicos y tiempos de espera que históricamente perjudicaban más a quienes menos recursos tienen para litigar.
La adopción ha sido notable. En 2022, el 69% de las demandas aún se presentaba en formato tradicional, es decir, en papel. Para 2026, esa proporción se invirtió: el 66% de las demandas se tramita ya bajo la modalidad de juicio en línea, y solo el 34% permanece en formato físico. Una transformación cultural y operativa de fondo, no de forma.
Las ventajas son múltiples y concretas. Los litigantes pueden presentar escritos, consultar expedientes y participar en audiencias de forma remota, lo que reduce costos y elimina incertidumbres. Para el tribunal, el sistema permite un control más riguroso de los expedientes, disminuye los errores humanos y hace posible medir objetivamente la productividad de secretarios y magistrados. El ahorro en papel, además, representa una contribución real —aunque pequeña— a la sustentabilidad ambiental. E igual de importante, las demandas se asignan aleatoriamente y sin intervención humana a las distintas Salas Unitarias, reduciendo significativamente el riesgo de manipulación en la distribución de asuntos, práctica que, lamentablemente, no es ajena en otros ámbitos de la justicia local.
Sin embargo, toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y aquí aparece la principal contradicción del sistema. Mientras el TJA resuelve con velocidad y precisión digital, las autoridades demandadas siguen operando en el siglo pasado. El ejemplo más elocuente, el tribunal anula fotomultas con rapidez y eficiencia, pero la Secretaría de Hacienda del Estado las cancela manualmente, una por una, cuando bastaría implementar una interfaz electrónica que lo hiciera de forma automática. La justicia avanza; la administración, no.
Esta brecha no es un problema menor. Mina la eficacia de las sentencias y frustra el propósito central del sistema, que el ciudadano vea realmente restituido su derecho, no solo en el papel.
Como todo sistema, es perfectible. Pero lo construido hasta hoy es un logro institucional que merece reconocimiento y, sobre todo, continuidad. Su actual presidente, el Magistrado Avelino Bravo Cacho, ha demostrado el mismo compromiso con el proyecto digital que su antecesor. Eso augura no solo la preservación de lo alcanzado, sino su evolución.
En un país donde la justicia suele medirse por sus rezagos, Jalisco ofrece, en este rubro específico, un modelo replicable. La pregunta es sí las autoridades demandadas estarán algún día a la altura del tribunal que las juzga.
