Es hilarante que el gobierno mexicano informe que los dos agentes de la CIA fallecidos luego del operativo en Chihuahua contra seis narcolaboratorios no los tenía registrados como agentes de la CIA, sino como turista uno y diplomático el otro.
Ingenuo suponer que estaban adscritos a su embajada como espías o policías con la misión de participar en operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Pero como sucede con los choques de automóviles que no están asegurados, lo mejor es un mal arreglo que un buen pleito en el ampuloso encontronazo de la presidenta Sheinbaum con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos: cada quien se queda con su golpe.
El nivel de confrontación llegó al extremo de que el oficialismo en el Senado aventurara la inviable babosada de citar “a comparecer” a la mandataria estatal, y no faltaron quienes la acusaran de la manoseada “traición a la patria” que suele invocar el obradorato.
Y todo porque los agentes de la CIA, mezclados con policías ministeriales de Chihuahua, estuvieron en el aseguramiento de los seis narcolaboratorios que en conjunto constituyen el mayor golpe en la historia de la producción clandestina de metanfetaminas y fentanilo en México.
Para como estuvo el escándalo, la tarde-noche del jueves, día en que la gobernadora y el secretario federal de Seguridad aclararon las paradas, era de esperarse que informaran lo que habían hablado, pero esto no sucedió.
El viernes, Campos emitió un sedoso comunicado expresando “su total coincidencia con la Presidenta de la República” y poniendo fin a la controversia. Su gobierno y el federal “deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”, decía. “El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado (…). La gobernadora agradece a la Presidenta la apertura y la disposición del secretario García Harfuch”, decía también, y al día siguiente anunció una investigación especial sobre el incidente (aunque sus conclusiones no dirán la auténtica verdad).
Lo que se impuso fue el sentido común, porque la participación de las agencias estadunidenses en México es tan activa que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, dijo sin rodeos:
“No hay manera de que la Presidenta no lo supiera. Más allá de la retórica política pública, existe una infraestructura de cooperación subterránea que involucra fuerzas especiales y agencias de espionaje de ambos países y que operan de forma conjunta y constante…”.
Así pues, lo de “la intromisión extranjera” y la histérica defensa de “la soberanía” es para consumo político interno, porque en asuntos de seguridad binacional no se transgreden los valores entendidos entre los dos gobiernos.
Escalar el pleito contra la gobernadora sería tenerlo con la CIA y con el sencillo, grácil y suertudo Trump...
