En México, con pretensiones de vanguardia legislativa, fue presentada una iniciativa de ley tendiente a regular el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, denominada “Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en México”.
Lamentablemente, aunque en su creación participaron senadores de varios partidos políticos, la propuesta no fue sometida a la consideración de expertos ni de usuarios intensivos de la tecnología, particularmente del sector tecnológico y la academia. Tampoco se atendieron las preocupaciones del sector empresarial, lo que derivó en un documento con graves deficiencias que pareciera tener como único fin el control político por parte del grupo en el poder.
El principal defecto del texto es su falta de rigor técnico, ya que presenta conceptos y definiciones ambiguas en áreas clave de la IA, confunde distintos tipos de sistemas algorítmicos y emplea terminología técnica de manera incorrecta o desactualizada. Esa ambigüedad podría convertir a esta ley en un instrumento de censura, control autoritario y atentado a la libertad de expresión.
Ya hemos sido testigos, en materia de libertad de expresión, de cómo tribunales —como el electoral— han pisoteado derechos de particulares para complacer a funcionarios del actual gobierno. Basta recordar el caso de la diputada del PT, conocida como “dato protegido”, esposa del vocero “cero votos”, y la sanción impuesta a una ciudadana por un comentario en redes sociales, calificado como violencia política de género, demostrando que muchas autoridades y juzgadores no imparten justicia al estar del lado de los funcionarios en el poder.
La iniciativa contempla la creación de una Agencia o Registro Público Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, que concentrará información sobre sistemas de alto riesgo y aquellos utilizados por el gobierno, con funciones de vigilancia y control cuando impliquen riesgos para los derechos humanos, la seguridad o, hay que subrayarlo, la “estabilidad democrática”.
Con la redacción actual, esta ley abre la puerta a la censura y al castigo de ciudadanos, opositores políticos, creadores de contenido y medios de comunicación, pues faculta a la citada Agencia a ordenar la suspensión de sistemas de IA cuando representen un “riesgo grave o inminente”, dejando esa facultad completamente sujeta a la discrecionalidad de la autoridad.
La deficiente redacción no distingue con claridad entre crítica política, desinformación y noticias falsas. Así, quien use la IA para, según la ley, “manipulación cognitiva, política, electoral o social con fines ilícitos o contrarios a los principios democráticos” podría enfrentar cárcel. El problema es que esa calificación quedará en manos de funcionarios, posiblemente tendenciosos, adscritos al registro o instituto que se cree. Incluso dicha autoridad podrá ordenar medidas cautelares cuando estime que existe riesgo para derechos humanos, daño potencialmente grave o evidencia de discriminación, sesgo, opacidad o fallas críticas.
Cabe reconocer los aspectos positivos de la iniciativa: es plausible que se pretenda inhibir el uso de la IA para generar o difundir contenido sexual que involucre a menores de edad, manipular imágenes, audios o videos con fines de acoso, extorsión o violencia de género, automatizar campañas de odio, difamación o agresiones, así como diseñar sistemas destinados al ciberacoso o la persecución digital.
Sin embargo, esos propósitos loables no compensan los riesgos que entraña el texto en su conjunto. Esperemos que el Senado recapacite y consulte a los expertos; de lo contrario, tendremos la certeza de que esta ley fue diseñada con fines de control político.
¿Cómo van a controlar en México el uso de plataformas como Gémini, Cloud, Gasper IA, Nano Banana, ChatGPT, Meta, Grammarly, IA de Slack, Claude, Canva IA, Perplexity, y muchos otros más.? Usted amigo lector ¿Cree que se someterán a la ley mexicana? Se reciben apuestas.
