Mencionaba aquí del ataque que ha emprendido el Ayuntamiento de Guadalajara contra la distribuidora de automóviles situada en la Av. Patria junto al Bosque. Tal y como lo pronostiqué, ante la incapacidad de la autoridad municipal, han endosado a particulares interponer demandas con la excusa de la defensa del Bosque de los Colomos.
Esta semana se publicó que el Tribunal Administrativo del Estado TAE, nuevamente había actuado mal, al autorizar vía “afirmativa ficta” la licencia de operación de la agencia, sin que ésta contara con un “Estudio de Impacto Ambiental”, situación falsa. Ese estudio existe en los archivos del Ayuntamiento, y no solo eso, sino que además fue aprobado por la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología e incluye el proyecto de reforestación aprobado por esa misma dependencia del Ayuntamiento, entregados incluso ante fedatario público.
En esta nueva política de “tírenle al mono” el culpable de todos los males municipales es precisamente ese Tribunal y en especial uno de sus Magistrados, el Maestro Alberto Barba, sin embargo yo no he visto que las autoridades municipales combatan legalmente las resoluciones avaladas por éste y otros Magistrados en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y mucho menos, la mayoría en el Congreso del Estado haya planteado una reforma a las leyes municipales para acabar con la figura de la “afirmativa ficta”, misma que existe en muchas leyes, y que obliga a las autoridades a ser eficientes en su trato con el gobernado.
Veamos en qué consiste: Usted como gobernado plantea su solicitud a la autoridad y esta tiene la obligación, incluso constitucional, de dar respuesta en un plazo breve a la misma, pero, si la autoridad no da respuesta, se considera que en “forma ficta” se le autorizó al gobernado lo que había solicitado, esto al estar contemplada dicha figura en la ley. Por otro lado, la autoridad obligada a resolver, demuestra su total ineficiencia al no dar respuesta en tiempo a la solicitud, máxime que ya conoce que su omisión provoca automáticamente la autorización en forma ficta.
Si ocurre esto, el particular puede esperar a que le resuelvan lo planteado o en su defecto acudir ante el Tribunal a que este declare (judicialmente), que operó a su favor dicha figura, la cual no es nueva, pero además a la autoridad le quedan a salvo medios de defensa mediante un juicio de nulidad ante el propio Tribunal, que doctrinalmente llamamos Juicio de Lesividad.
Debo señalar que las afirmativas fictas las establece normalmente el legislador para obligar a las autoridades a ser más eficientes, situación lamentablemente alejada de la realidad en materia municipal.
Ahora que se quiere crucificar al TAE mediáticamente, le debemos recordar a los funcionarios municipales que las “afirmativas fictas” se configuran automáticamente por la incapacidad de los funcionarios municipales y el Tribunal solo las declara a petición del Gobernado.
Últimamente hay un descarado ataque contra los Magistrados del TAE, situación que los gobernados no debemos permitir, la autoridad municipal se dice agredida por éste, precisamente porque sus actos no son legales, y quien le corrige siempre la plana es el Tribunal. ¿Cómo nos defenderíamos los gobernados de los excesos de las autoridades si desaparecieran los Tribunales Administrativos? No debemos permitir Magistrados complacientes con las autoridades estatales y municipales.
En otro tema, el grupo delincuencial y brazo político de MORENA, y de su líder amoral MALO y sus secuaces, denominado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, que se dicen “maestros”, ya se pasó. Tiene la razón la COPARMEX, secundada por CANACO Y CONCAMIN, en exigir, como muchos de nosotros, simplemente que se aplique la ley, y cesen de inmediato las graves violaciones de estos tipos, tales como bloqueos a las vías de comunicación incluyendo trenes, carreteras y aeropuertos, centros comerciales, robos a tiendas y vehículos, secuestros a policías, funcionarios y periodistas y otros delitos, provocadas por esos rufianes que tienen secuestrado el sur del país, le recordamos al Presidente, al Secretario de Gobernación, a los Gobernadores de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas y a la Comisión Nacional y estatales de Derechos Humanos, que su obligación es hacer cumplir la ley, no negociar prebendas con guerrilleros, así que, a usar la fuerza pública, señores.
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