En un escrito de hace un cuarto de siglo que parecía tener únicamente un interés histórico, Maria Amparo Casar refería que el hiperpresidencialismo que se vivió en México en los tiempos de la llamada presidencia imperial (décadas de 1950 a 1990) se debía a la hegemonía de un solo partido que iba “penetrando” y desactivando a los otros poderes, que debían controlar los actos del ejecutivo.
La disciplina partidista impuesta a los legisladores de la mayoría, los convertía en una “aplanadora” irreflexiba e irresponable que acataba las indicaciones del presidente.
De igual forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación se iba poblando por ministros del mismo partido.
En la actualidad el ADN totalitario del nuevo régimen reactiva los mismos mecanismos institucionales para eliminar los contrapesos, ya sin guardar las formas democráticas y de la separación de poderes (que los legisladores aprueben iniciativas que les hacen llegar del ejecutivo sin leerlas y “sin cambiar ni una coma”). En el congreso el gobierno ha perdido la mayoría calificada, lo que le impide modificar la Constitución, y a pesar de que el actual régimen ha designado a cuatro ministros, afortunadamente dos de ellos no se han sometido y se mantienen apegados a criterios de constitucionaidad y legalidad (se ha contestado con furibundas ofensas por el presidente: los ingratos “se le han volteado”), traicionando las expectativas totalitarias que buscaban apoderarse de este vital contrapeso.
También el presidente y su régimen han buscado sojuzgar a otros contrapesos o ámbitos autónomos institucionales, políticos y técnicos como el INE, INAI, CONEVAL, INEGI, CONACYT entre otros . Uno de los contrapesos más grandes con que cuenta una democracia: el pueblo y la ética pública, también han sido menguados. A través de los golpes al derecho a la información, el hostigamiento a los medios y a los comunicadores independientes y críticos y el intento de sojuzgar la ciencia y la tecnología, propician una ciudadanía de baja intensidad. Una sociedad mal informada puede ser presa fácil de la ideología y del engaño.
La ética pública requiere que el gobernante se haga responsable de las consecuencias de sus actos y que los ciudadanos se informen y participen libremente en la cosa pública. Sin embargo, el clima de polarización ha provocado que grandes sectores de la población sean tolerantes a la mentira, la ilegalidad y arbitrariedad en el proceder de los gobernantes.
Lamentablemente esto no se ha dado solo en México, también ha ocurrido en países con mayor tradición democrática como los Estados Unidos (con Trump) e Inglaterra, donde la ideología nostálgica del pasado glorioso propició el apoyo mayoritario a la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea (en cuya creación fue fundamental la aportación británica), llevando al rezago y aislamiento económico. Los pueblos, atraídos por la ideología que simplifica los temas y deciciones complejos, cambia racionalidad por certezas cuasi teológicas. De esta forma la población más pobre y vulnerable se convierte en “apasionados aliados de sus sepultureros” (Kundera).
