Las directrices básicas de nuestra vida democrática tienen que ver con el pacto fundacional entre las autoridades y las personas. En nuestra democracia las autoridades tienen mandatos constitucionales que cumplir, como someterse al imperio de la ley y el Estado de derecho; promover y proteger los derechos humanos; propiciar condiciones para el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza; eficacia en las tareas de seguridad, servicios públicos, generación de competencias básicas en la población; así como generar condiciones para el desarrollo de las demás tareas estatales.
Este paradigma de las autoridades se corresponde con una sociedad civil libre y vigorosa con todas las capacidades para desarrollar a plenitud sus potencialidades y ejercer sus derechos. La ciudadanía debe contar con instancias para protegerse de las eventuales arbitrariedades de autoridad y una estructura accesible para dirimir controversias. Una ciudadanía que pueda reunirse, asociarse, informarse y manifestarse en libertad y sin coacción.
Tanto autoridades como la sociedad civil deben regirse por parámetros democráticos como son la solución pacífica e institucional de los conflictos. La violencia y la trampa no debe considerarse una opción; y la mentira, la simulación, la violación de las reglas no debe ser rentable políticamente. Es decir, hay un reproche social y un rechazo a cualquier acto que viole las reglas y los parámetros de la democracia. Esto constituye una ética pública para la democracia.
Lamentablemente en nuestro país ni las autoridades ni la sociedad civil cumplen con su parte en el pacto constitucional y democrático. Las personas no condenan la mentira, el plagio ni la violación a las leyes. La moral pública democrática (que nunca se ha consolidado en nuestro país) no se activa porque el Estado de derecho suele dejarse de lado, por privilegiarse el control político. Las posibilidades de una ética democrática compartida se diluyen por el clima de polarización ideológica (acompañada de una ceguera selectiva a las razones de quienes piensan distinto), la reactivación de redes de contubernio, de reciprocidades clientelar, gestión de la pobreza y la desigualdad. Un entramado de derechos precarios: licencias, permisos, beneficios o dádivas provisionales o discrecionales, que permiten a los intermediarios de los favores gubernamentales, mantener movilizados a los contingentes ciudadanos que integran sus clientelas.
El que el gobierno pretenda por la mayoría simple (Pan B) modificar en la ley, instituciones y diseños previstos en la Constitución, por no tener ya los votos suficientes para reformar a la Constitución, merecería el reproche y rechazo de una ciudadanía medianamente informada. Sin embargo, seguimos padeciendo en nuestro país de una ciudadanía de baja intensidad. Ojalá pueda revertirse esta tendencia para tener una vida pública más participativa, más informada y más contestataria, porque como dijo Octavio Paz: “cuando la verdad legal no se parece a la verdad verdadera se aclimata la mentira”.
