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Jueves , 21.02.2019 / 10:12 Hoy

Capitolio

Homero y la justicia

Gerardo Hernández

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Primero quiso ser fiscal para cerrar el círculo de impunidad en torno suyo y de sus jefes. Después pretendió ser secretario del ayuntamiento de Saltillo, para tener fuero, y tampoco. 

Por fin, el 26 de diciembre, el Congreso convirtió a Homero Ramos Gloria, cancerbero de los Moreira, en magistrado del TSJE para un periodo de 15 años. También fueron designados Miguel Mery y Ulises Hernández. El Poder Judicial convertido en refugio de emisarios del clan y políticos frustrados. 


Ramos era presidente del Instituto Electoral cuando Humberto Moreira ganó la gubernatura, en 2005. Dos años después, renunció para ocupar la Secretaría de Gobierno, pero cometió un error: empezó a reunirse con empresarios de Torreón para preparar su eventual candidatura al gobierno. El clan lo bajó de la nube y lo confinó en la Dirección de Pensiones. 


En el sexenio de Rubén Moreira, Ramos fue ombudsman y fiscal. Una de las tareas de Ramos, como procurador, consistió en dar carpetazo a las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda contratada irregularmente en la administración de Humberto, y por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén. 

 
El 11 de enero, el auditor Armando Plata informó en rueda de prensa que 250 denuncias penales, por irregularidades cometidas entre los ejercicios de 2013 a 2016, permanecen congeladas en la Fiscalía del Estado. En ese periodo, el procurador de Justicia era Homero, quien, según el entonces gobernador Rubén Moreira, «tuvo una destacada labor». 

En abril de 2017, Ramos declaró el «no ejercicio de la acción penal contra Humberto por los delitos de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita» (Reforma, 19-04-17). 


El 10 de diciembre de 2018, dos semanas antes de la designación de Ramos como magistrado, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Material Penal dejó sin efecto la reaprehensión de Javier Villarreal, uno de los principales operadores de la deuda. El TSJE atribuyó la publicación del acuerdo a un error. 

En cualquier caso, Ramos incurrió —como procurador— en responsabilidad política y penal por haber obstruir las denuncias contra los responsables de la deuda y las empresas fantasma, así como por no ejecutar la orden para la recaptura de Villarreal.

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