El presidente López Obrador puede activar un mecanismo anulado por el sistema de complicidades imperante: el juicio político.
El artículo 110 de la Constitución general sujeta a ese proceso a diputados federales y senadores, ministros de la Corte, secretarios de despacho, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, entre otros. También a gobernadores, legisladores estatales, magistrados y a los consejos de la judicatura “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
Si la Constitución se hubiera aplicado, legiones estarían hoy entre rejas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus equivalentes en los estados denuncian cada año el desvío de miles de millones de pesos.
Los únicos exmandatarios en prisión son Mario Villanueva y Roberto Borge (Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas) y Guillermo Padrés (Sonora); Hernández es reclamado por Estados Unidos.
César Duarte (Chihuahua) continúa prófugo y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos, en abril de este año, donde será juzgado por lavado de dinero.
Humberto Moreira podría correr la misma suerte. Javier Villarreal, su exsecretario de Finanzas, lo acusó ante una Corte de Texas de apropiarse de 600 millones de pesos durante su ejercicio como gobernador. La situación podría complicarse aún más, pues también se le vincula con Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono, operador financiero de los Zetas.
En uno de sus giros copernicanos, AMLO ha declarado que no encarcelará a corruptos del pasado.
Sin embargo, en el caso de Moreira, la presión de España y Estados Unidos podría conducir a la captura y extradición del exgobernador.
La deuda pública por más de 36 mil millones de pesos es otro pendiente. Partidos de oposición y organismos civiles demandan investigar el destino de esos recursos y castigar con cárcel la contratación ilegal de créditos. Moreira se perfila para ser el primer exgobernador en afrontar la justicia nacional y extranjera en el gobierno de AMLO.
