El destino nos alcanzó. Una potencial reducción en la calificación crediticia podría poner en riesgo el grado de inversión del país y, por tanto, la estabilidad macroeconómica y financiera que tanto trabajo nos costó alcanzar. Como se sabe, el aspecto que más preocupa a las agencias calificadoras es el de la solvencia económica del país. Por ello, el tema ya no es si se debe tratar de aumentar o no la recaudación tributaria, sino que ahora el verdadero debate será sobre cómo lograrlo. Es decir, ¿qué tipo de cambios se deben implementar para fortalecer los ingresos públicos? El otro tema relevante en esta discusión es cuándo deberían ocurrir estos cambios.
Comienzo por este último aspecto: si se hiciera alguna modificación legal en lo que resta de 2026, los cambios entrarían en vigor en 2027 y sus efectos en la recaudación no se verían sino hasta bien entrado ese año o, incluso, en los primeros meses de 2028 (cuando cierra el periodo para presentar la declaración anual). Por otro lado, es muy probable que las agencias calificadoras buscarán emitir una nueva opinión sobre el perfil crediticio del país hacia mediados de 2027, por lo que sería deseable que para entonces ya se hubieran tomado acciones y, preferentemente, que ya hayan comenzado a verse algunos resultados. Esto implica que no es posible esperar hasta después de las elecciones de 2027 para hacer estos ajustes. Los cambios urgen y el tiempo apremia.
Con respecto a qué cambios podrían hacerse, hay dos alternativas obvias: aplicar nuevos gravámenes o cobrar mejor los ya existentes. Hace poco la ministra Batres planteó la posibilidad de reintroducir un impuesto a las herencias, lo cual fue rápidamente atajado por la presidenta Sheinbaum. Ya se sabe que ella ha dicho reiteradamente que prefiere cobrar mejor antes que aplicar nuevos impuestos. Por lo tanto, quedan en realidad tres alternativas posibles que, por su volumen, podrían ayudar a resolver el dilema fiscal al que nos enfrentamos: el IVA, el predial y el ISR.
Con respecto al IVA, considero que podríamos descartar la posibilidad de un aumento en este gravamen. Esto se debe a su conocido efecto regresivo ya que, al gravar al consumo, este impuesto afecta desproporcionadamente a las personas de menores ingresos, lo que iría en contra de la visión que prevalece en la presente administración.
Con respecto al impuesto predial, si bien ofrece un gran potencial, no es claro que los efectos de una reforma en esta materia puedan verse reflejados rápidamente en la recaudación, ya que se requerirían reformas administrativas en diversas materias (responsabilidades fiscales, catastros, etc.).
Por ello, considero que la opción más viable a corto plazo es la de una mejoría en la recaudación del ISR. Ya la semana pasada me referí brevemente a este asunto y lo seguiré abordando en futuras columnas. En mi opinión, este impuesto representa la mejor alternativa para lograr recaudar al menos un punto porcentual del PIB adicional, que es lo que necesitamos para reducir el déficit fiscal estructural actual. El debate está abierto. Es importante que todos los sectores comiencen a abordar esta discusión con seriedad y, sobre todo, con la responsabilidad que amerita.
