Lo que nació como una herramienta legítima para proteger a las mujeres en la vida pública, ha terminado, en muchos casos, como un mecanismo faccioso para inhibir la crítica, castigar la disidencia e intentar domesticar el debate político. La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un llamado a poner límites a esa distorsión. En ella, se revocó la sanción impuesta a un opinador por una frase crítica hacia una funcionaria electoral, reconociendo que la libertad de expresión no puede subordinarse a la susceptibilidad del poder.
La Sala Superior dejó claro que no toda crítica dirigida a una mujer constituye violencia política. La expresión analizada, aunque mordaz o de mal gusto, no se basó en estereotipos de género ni tuvo la intención de descalificar por razones sexistas. Fue, como tantas veces ocurre en la vida pública, un comentario duro dentro del legítimo ejercicio de la crítica política. Las funcionarias y funcionarios públicos, recordó el Tribunal, están sujetos a un escrutinio mayor y deben tolerar un grado más alto de cuestionamiento, incluso cuando este incomode.
La sentencia subraya que “la crítica política o institucional dirigida a una servidora o servidor público —aun cuando resulte dura, mordaz o de tono peyorativo— no puede equipararse automáticamente a una manifestación ilícita o violenta, pues constituye parte esencial del debate democrático y de la rendición de cuentas”. La protección contra la violencia política de género no puede utilizarse como escudo para evitar la crítica, ni como mordaza para el derecho a la crítica. La libertad de prensa y de opinión son, en sí mismas, garantías que sostienen la democracia.
El problema es que el discurso de la violencia política de género ha sido utilizado para blindar a quienes detentan poder y no toleran el disenso. Cada vez con más frecuencia se presentan denuncias contra periodistas, académicos o usuarios de redes sociales, bajo el argumento de que toda crítica hacia una mujer en funciones públicas es violencia. Con ello, se pervierte el sentido original de la norma y se coloca a la democracia en una pendiente peligrosa, donde la ley protege más quien detenta el poder, que a las personas.
