En Jalisco, la elección de 2027 comenzó antes de que la ley autorice llamarla campaña. Está en las bardas, en los anuncios pagados en redes, en los informes legislativos convertidos en escaparates personales, en las camisetas repartidas durante eventos deportivos, en las despensas prometidas, en las cervezas regaladas y en los supuestos procesos internos con vocación de propaganda pública.
No se trata de un partido. Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI han aprendido a moverse en la misma zona gris. Cambian los colores, pero no el método. Todos buscan instalar nombres, rostros y aspiraciones antes de las precampañas. La competencia ya no inicia con el calendario oficial, sino con la capacidad de ocupar anticipadamente el espacio público y digital.
La normalización de estas prácticas no es un accidente. Es consecuencia de una legislación débil y de una interpretación restrictiva. Para sancionar un acto anticipado deben acreditarse los elementos personal, temporal y subjetivo. Este último exige, en los hechos, un llamado expreso al voto. Basta evitar las palabras prohibidas y sustituirlas por mensajes ambiguos, colores partidistas, regalos o promoción personalizada.
La ley termina premiando al político que sabe rodearla. No importa que la intención sea evidente o que se construya una ventaja indebida. Mientras no aparezca la frase “vota por mí”, todo puede presentarse como informe, actividad ciudadana, comunicación institucional o acto partidista.
La opacidad financiera agrava el problema. Nadie sabe quién paga las bardas, quién financia las páginas, de dónde salen los recursos para regalos, eventos y publicidad digital, ni si esos montos serán acumulados a los gastos de precampaña. El INE ha pospuesto reglas de fiscalización y el IEPC Jalisco las investigan sin definiciones.
Así se construye una elección desigual, antes de que empiece. Quien tiene dinero, estructura o acceso al gobierno puede instalarse durante meses en la conversación pública. Cuando llegue la campaña legal, algunos ya habrán recorrido medio camino.
El problema no es sólo que las campañas se adelanten. Es que ocurren sin controles. La democracia empieza a perder cuando la simulación se vuelve regla y la autoridad electoral decide llegar tarde.
