Desde 1983, año en que se reformaron los artículos 25 y 26 de la Constitución, y durante 26 años y seis administraciones ha existido el Sistema Nacional de Planeación Democrática que ha impulsado al país a tener una posición digna en un mundo globalizado y es importante —antes de opinar de la realidad actual al haberse aprobado por el Congreso, el 21 de junio, un PND—, hacer un brevísimo comentario jurídico en el cual sobre la base del desarrollo económico y político social del país con justicia social y que se sustenta en el primer párrafo del artículo 26:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”.
Planear es fijar metas, objetivos, estrategias y acciones. Un plan de desarrollo es una guía de todas las actividades de la economía, bajo la rectoría del Estado y con la participación de todos los sectores. Se requiere el compromiso de cada uno.
La planeación que establece la Constitución es totalmente distinta de la practicada por la economía socialista. Esta última es, o fue, impositiva. El Estado determinaba el qué, el cómo, el cuánto y el para quién, a través de sus agencias y unidades productivas; tales decisiones se imponían coactivamente.
La planeación que prescribe la Constitución es indicativa: el Estado no obliga ni puede hacerlo, excepto en el interior de sus órganos. Solo puede invitar, convencer a participar y crear estímulos. El párrafo segundo de la disposición que se comenta ordena: “La planeación será democrática y deliberativa (?) mediante la participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal”.
Los sectores productivos
Al desarrollo económico nacional concurren con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación (artículo 25, cuarto párrafo).
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre las empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan (artículo 25, quinto párrafo).
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo (artículo 25, párrafo sexto).
Ahora bien, como la realidad actual parece ser incongruente con ello y ya existen serias dudas, ya que al haberse aprobado un PND, el 21 de junio, por el Congreso de la Unión, ha habido pronunciamientos delicados hechos por la Presidencia de la República, como resultado de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, señalando: “No se podía aceptar su documento sobre el PND porque este es el reflejo de una política neoliberal promovida por empresarios globalizadores”.
En especial por los dos artículos publicados recientemente por un prestigiado diario de amplia circulación, al regresar Carlos Urzúa como articulista, señala: primero, que él cumplió con la Constitución y con la ley de planeación en su responsabilidad de hacer más de siete decenas de foros de consulta ciudadana y más de ocho decenas de mesas sectoriales con especialistas y dos meses utilizando el internet y, segundo, que habiendo cumplido plenamente con la Constitución y la ley de planeación afirma por último que lamentablemente el plan que se aprobó, enviado por la Presidencia el 30 de abril, no es de manera alguna democrático porque no fue concertado, ni hubo la debida deliberación y este no recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad.
Y al finalizar en forma contundente, Urzúa señala en sus artículos que este gobierno, junto con las unidades federativas, tienen ahora hasta seis meses para impulsar los programas sectoriales, instituciones, regionales y especiales emanados del plan que, por su origen, es violatorio de los artículos 25 y 26 constitucionales e insiste en que no cumple con la planeación democrática.
Asimismo, este grave problema deja sin materia al Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión y el Crecimiento Económico creado el 17 de mayo y que sustituye al Consejo Consultivo Empresarial.
La pregunta, apreciable lector, es: ¿si en este gobierno se terminó con la planeación democrática y si el desarrollo económico emanará sin base firme en forma unilateral del Poder Ejecutivo?
Por esto extraña que los organismos cúpula empresariales, de la academia y de la sociedad no hayan expresado su opinión sobre el particular.
*Ex presidente de Concamin, ex presidente de la Cámara de Comercio México-EU y ex presidente de la Fundación Mexicana de la Salud.
Nota: Artículo basado en el libro o ensayo escrito por José Gamas (constitucionalista) y su servidor, con el prólogo del ministro José Ramón Cossío, en marzo, bajo el título Función del Estado y del sector productivo, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Constitución y respaldado por cinco instituciones académicas y empresariales.
