En medio de un proceso electoral adelantado y ante el cada vez más cercano inicio de un nuevo año escolar la discusión pública ha girado en torno a los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. El tema ha sido polémico por la importancia de los libros en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo, por el impacto que genera la política educativa en la formación de los futuros ciudadanos. Siempre que existe un cambio en los planes de estudio existen voces críticas a las medidas a adoptar así como la defensa de ese nuevo proyecto por parte del gobierno en turno. Sucedió con la alternancia de inicios de siglo cuando se buscó desmontar la narrativa de los gobiernos posrevolucionarios y se implementó una visión de mercado; se repitió nuevamente a finales de la década de 2000 cuando se introdujeron las competencias y se buscó dar más importancia a la técnica sobre las humanidades, y también en el periodo de la reforma educativa de 2013.
Y en cada uno de los casos, además de la polémica que hoy se repite, el sistema educativo nacional se enfrentó a retos por la implementación de nuevas medidas. En esta ocasión, el gobierno federal implementó una política educativa llamada “Nueva Escuela Mexicana” que representa su visión de cómo debe ser la educación de las y los niños mexicanos. Cada gobierno imprime en sus acciones su postura ideológica y la formación académica no se escapa de este principio. El grupo que ostenta el poder siempre buscará legitimarse ante la sociedad y buscar simpatías y adeptos que sostengan su proyecto político, no es algo nuevo, no es algo exclusivo de una fuerza política o una década en especial.
Y al no ser algo nuevo, estamos envueltos en una polémica que se basa, en gran medida por la distribución de dichos libros y el contenido de los mismos a los que les ha acusado de contener errores evidentes y que pueden afectar negativamente a las y los alumnos y sobre todo, en un proceso de “adoctrinamiento” basado en la creación de una nueva narrativa del gobierno en turno. Insisto, no es algo nuevo, no es algo exclusivo de una fuerza política o una década en especial y eso no justifica que sea algo necesariamente bueno.
Pero entre las acusaciones de ida y vuelta sobre el número de páginas de matemáticas, lo que algunos llaman “ideología de género” o el supuesto envenenamiento de las mentes a manos de “los comunistas” se ha perdido una pugna jurídica que ha trabado el proceso de distribución de los textos, esa pugna jurídica apela a supuestas omisiones a la ley en el proceso de hechura de los libros de texto y que son delineados precisamente en el marco jurídico. En caso de comprobarse, el diseño de los materiales no habría pasado por procesos que incluyen a especialistas, docentes frente al aula y padres de familia. Sí, la polémica trata sobre el contenido de los libros, la lucha legal es sobre cómo es que se definieron dichos contenidos. Y deberá ser la autoridad judicial la que determine si existió o no una falla en el proceso y con esto la distribución y uso de los libros.
Creo que poner en la agenda el proceso educativo es necesario para mejorarlo y que debe ir más allá de los libros y sus contenidos. La educación tiene severos rezagos en comunidades donde más se necesita el apalancamiento de la movilidad social y la educación es fundamental en ese sentido, el papel de los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos es otro punto a tratar en dinámicas sociales que reclama cada vez más tiempo y atención a la productividad y claro, la calidad de la educación que debe estar a la altura de un mundo cada vez más complicado para quienes vienen y habrán de lidiar con las herramientas que les dejemos. Aprovechemos el debate y hagámoslo más rico y propositivo, tomemos la importancia que requiere la formación de las y los niños que merecen lo mejor, de los que todas y todos somos responsables, de quienes habrán de sufrir o gozar los efectos de las acciones que aquí y hoy se definan.
