Otra vez las designaciones públicas en el centro de la polémica. En esta ocasión por un posible acuerdo entre Movimiento Ciudadano y Morena para repartirse el Instituto de Transparencia (ITEI) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Un acuerdo que forma parte de negociaciones paralelas para la designación futura de hasta nueve magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En la mesa de negociación están todas las fracciones, menos Hagamos, que ha sido excluida por el conflicto político entre el grupo política de la UdeG y el Gobierno de Jalisco; y Futuro, que ha decidido no entrar al reparto.
Comienzo con un hecho: repartirse los puestos es natural en política. Pasa en todo el mundo y es lógico: entre más poder emanado del voto de la ciudadanía, más influencia en las designaciones públicas. Lo mismo sucede con los ministros de la Corte en Estados Unidos o los integrantes del Consejo del Poder Judicial en España. O en Francia, Alemania o Japón. La gente vota y los políticos tienen más o menos poder para imponerse. El problema no son las “cuotas”. El problema son los “cuates” que proponen.
A mí no me incomoda que MC, Morena, el PAN o la UdeG propongan candidatos a los órganos de Estado. Quien está en política quiere poder. El problema está en aquellos que son impresentables y en violar la ley para meter a los “cuates” con calzador. Los partidos no exigen presentar candidaturas con trayectoria, honestidad y profesionalismo. Esto provoca que los órganos de Estado se conviertan en agendas de colocación de personas mediocres y que bailan al son de la lealtad de quien los puso ahí. Son sus cuates.
Ya lo hizo la Legislatura pasada cuando los legisladores violaron todas las leyes para repartirse a gusto el Consejo de la Judicatura y magistrados. Hoy, lo quieren hacer con el ITEI. Los diputados emiten una nueva convocatoria que les da mayor margen de maniobra para pasar por encima del Consejo Consultivo del ITEI (su participación está en la ley) y cambiar las reglas del juego a medio camino. Están violando la ley y con la segunda convocatoria se están riendo en la cara de los integrantes del Consejo Ciudadano que entregan su tiempo y conocimiento (sin cobrar un peso) al proceso de designación.
En las negociaciones, Morena lleva mano para poner a la presidenta. Su coordinador, José María Martínez, es el rey de las cuotas en la Judicatura y el Poder Judicial. Y, ahora, quiere controlar el ITEI.
No echemos a perder una institución que se ha mantenido medianamente solvente durante décadas. La realidad nos dice que Jalisco es de los estados que más han avanzado en acceso a la información. Falta muchísimo, pero una mala elección de presidenta puede suponer un “tiro de gracia” para la institución. Veamos el espejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Luego de la designación de Rosario Piedra Ibarra, la institución está muerte en vida y sólo responde a los caprichos de la Presidencia.
Olvidémonos ya de inventar el agua tibia cada que se deben nombrar a jueces, magistrados o consejeros. Una ley de designaciones que salga con consenso legislativo y diálogo con la sociedad civil organizada podría ser un paso que institucionalice el mérito como fundamento de designación pública. Sólo una ley de designaciones eliminaría la tentación que tienen los diputados de nombrar a impresentables cada que pueden. Reitero: el problema no son las cuotas que son inherentes a la democracia, sino sus cuates de bajísimo nivel que propone para ocupar los órganos de Estado.
Enrique Toussaint
