Esta semana el Gobierno federal abrió a consulta pública los lineamientos que reglamentan los llamados “derechos de las audiencias”, derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El discurso oficial parece impecable a primera vista: se trata, dicen, de garantizar que la ciudadanía reciba información veraz, de distinguir entre hechos, opinión y publicidad, de fortalecer la autorregulación de los medios. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica: “es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar”. Pero cuando un gobierno necesita decirlo con esa insistencia, conviene preguntarse por qué.
Nadie discute que las audiencias tengan derechos. El problema no está en el principio, sino en quién decide cuándo se violan. Los lineamientos obligan a los concesionarios a no difundir “información falsa, descontextualizada o información histórica presentada como actual”. Suena razonable hasta que uno se pregunta: ¿quién define qué es “descontextualizado”? ¿Con qué criterio se distingue una opinión incómoda de una mentira sancionable? Estas categorías, tan amplias que caben casi en cualquier nota crítica, quedarían en manos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano que concentraría facultades sancionadoras sin que existan candados claros contra su uso discrecional. El Gobierno decide qué es verdad y qué es mentira: el Ministerio de la Verdad del cual escribió prolíficamente Orwell en 1984.
El Gobierno insiste en que las multas son “la última instancia”. Pero ahí está precisamente el mensaje preocupante: no hace falta multar a nadie para lograr el efecto disuasivo. Basta con que exista la amenaza. Un director editorial que sabe que una cobertura incómoda podría interpretarse como “información descontextualizada” tenderá, casi por instinto de supervivencia empresarial, a suavizar su cobertura antes de arriesgarse. Eso no es censura en el sentido clásico, pero produce exactamente el mismo resultado: menos voces críticas, más cautela, más silencio. Se llama autocensura, y es la forma más eficiente de censura que existe, porque no necesita aparato represivo: el medio se cuida solo.
El esquema de autorregulación que propone el Gobierno –cada empresa nombra a su propio defensor de audiencias, redacta su propio Código de Ética– suena, a primera vista, como una garantía de independencia. Pero nadie ha explicado quién audita esa autorregulación, ni qué ocurre cuando el defensor termina siendo juez y parte. Es un mecanismo que puede funcionar perfectamente en el papel y no servir de nada en la práctica. Muchos medios ya tienen códigos de ética que se han impulsado en distintos lineamientos desde hace décadas.
Y luego está la promesa que más debería inquietarnos: la de que estos lineamientos no alcanzan, “por ahora”, a la prensa escrita, ni a las plataformas digitales o redes sociales. Ese “por ahora” no es un detalle menor. Es una puerta que el propio Gobierno reconoce estar dejando abierta. Ninguna autoridad ha dicho que esa frontera sea permanente; solo que “cualquier discusión futura sobre esos ámbitos sería independiente”. Eso significa que el debate sobre extender este tipo de control a internet y a los periódicos no está cerrado: está pospuesto. Y en un país donde el poder ejecutivo ya ha mostrado, una y otra vez, incomodidad con la prensa crítica, no es alarmismo preguntarse si estos lineamientos son el primer paso de un proyecto más amplio.
La disputa de fondo no es semántica, aunque el Gobierno se esfuerce en ganarla como si lo fuera. No se trata de si le llamamos “protección de derechos de las audiencias” o “censura indirecta”. Se trata de si aceptamos que un órgano regulador, con criterios amplios y subjetivos, tenga la última palabra sobre qué información es válida y cuál no. Se trata de si dejamos que la amenaza de una sanción –aunque nunca se aplique– determine lo que los medios se atreven a decir. Si dejamos que el gobierno en turno se erija en el árbitro de la verdad.
Organizaciones como Artículo 19, la CIRT y especialistas en libertad de expresión ya han levantado la voz. No porque se opongan a que las audiencias tengan derechos, sino porque saben, por experiencia histórica, que los mecanismos de control sobre los medios rara vez se quedan donde empezaron.
La consulta pública está abierta hasta el 21 de agosto. Es el momento de exigir que los conceptos se acoten con precisión jurídica, que se establezcan límites claros a la discrecionalidad regulatoria, y que la promesa de no tocar a la prensa escrita ni a internet deje de ser una posibilidad “independiente” para convertirse en un compromiso explícito. Porque la censura casi nunca llega de golpe. Llega paso a paso, con buenas intenciones declaradas, hasta que un día nos preguntamos cómo llegamos aquí.
La pregunta no es si el Gobierno quiere censurar. La pregunta es si nosotros, como sociedad, vamos a permitir que las condiciones para hacerlo queden servidas.
