Christa Pike ha pasado algo más de tres quintas partes de su vida encerrada en el corredor de la muerte, tras haber torturado y asesinado a Colleen Slemmer, compañera de estudios que despertó sus celos paranoicos, en enero de 1995. Mundialmente famosa tras sobrevivir a dos dosis letales de pentobarbital, la asesina de 50 años yace ahora intubada e inconsciente en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, paradójicamente sin haberse enterado de que sigue viva.
No debe de ser fácil matar a una mujer atada a una camilla con los brazos en cruz, y menos todavía tener que rematarla inútilmente, como lo haría un psicópata sediento de sangre. (“La perra no se moría”, había comentado Christa Pike a sus 18 años, luego de consumar la atrocidad que le valió la pena capital.) Todavía espeluznados, un par de periodistas que asistieron al intento fallido de ejecución narraron en detalle cómo corrían los minutos y la condenada seguía resollando, roncando y sacudiéndose, largo rato después de la segunda dosis. Estar presente en un ajusticiamiento es de por sí un evento escalofriante, y peor será el horror de escuchar los ronquidos tétricos e insistentes de quien hace una hora debería ser cadáver.
Si aceptamos que el homicidio es el peor de los crímenes, cabe también creer que la pena de muerte tendría que ser el peor de los castigos. ¿Qué decir, sin embargo, de un ajusticiamiento cuya realización se demora treinta años, el total de los cuales ha de transcurrir en una celda de siete metros cuadrados, sin otra compañía que la propia conciencia? Entre apelaciones, interpelaciones y múltiples instancias que en teoría garantizan el trato justo de los condenados, el total del proceso cuesta a los contribuyentes un promedio de treinta millones de dólares. ¿Pero cómo no ver en ese laberinto alucinante la saña maquinal de la burocracia? Es decir que no sólo te condenan a muerte, sino a esperarla dentro de una mazmorra a lo largo de décadas de aislamiento: un castigo probablemente más severo que la ejecución misma.
Cuentan los asesinos que el primer muerto es el más complicado. Antes de arrebatarle la vida a un semejante es necesario concederse la clase de licencia que de ahí en adelante se refrendará sola. A menos que seas parte del Estado y asesines en nombre de la ley. Aséptica, intachable, oficiosa, humanitariamente, según los protocolos establecidos para salvaguardar no tanto los derechos de los sentenciados como la buena conciencia de los verdugos. Hasta que un día falla el mecanismo y la justicia no sabe qué hacer. Para súbita angustia de los ahí presentes, no disponía el patíbulo quirúrgico de Tennessee de al menos una máscara de oxígeno para salvar la vida de la condenada, por extraño que pueda resultar.
Se sabe que la hoy superviviente fue víctima de un par de violaciones (una de niña, otra en la adolescencia), amén de numerosos malos tratos que en cierto modo explican sus desequilibrios, aunque ello no bastara para que William Lee, gobernador de Tennessee —quien dos años atrás propusiera, sin éxito, la inyección letal para los violadores de niños—, conmutara la pena capital de Christa Pike por cadena perpetua.
¿En qué quedamos, pues? Según los abogados de Pike, su cliente ha sufrido ya bastante para dosificarle otra inyección letal, aunque hay quienes sugieren el paredón como la solución más expedita. Y si bien la memoria del asesinato aún horroriza a quienes la recuerdan (así como el detalle de que la homicida guardó un trozo de cráneo de su víctima como souvenir) no menos tremebundo parece hoy el papel de verdugos y funcionarios en la pifia macabra de hace unos pocos días. Pues más fácil resulta explicarse la sangre fría del matón despiadado que la atroz maquinaria del escarmiento. Encima con coartada humanitaria.
