De acuerdo con el significado en el diccionario, la palabra “autonomía” significa la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.
Según la fracción VII del artículo tercero de la Constitución Política mexicana: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas (…) y administrarán su patrimonio”.
Tomando en cuenta los criterios anteriormente citados, se entiende porque ayer la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en contra de las reformas a su Ley Orgánica aprobadas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
De acuerdo con el Alto Tribunal, se consideró que la forma en que se implementó la revisión de los recursos públicos de esa casa de estudios excedió los fines del propio sistema, al prever que sean vigiladas, evaluadas y confirmadas las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, en perjuicio de su autonomía constitucional.
En español, la reforma hecha por diputados locales de Hidalgo en la pasada Legislatura para que la UAEH cuente con una oficina interna en donde un contralor designado por los diputados en donde se observe cómo y para qué se usan los recursos públicos que ocupa la Universidad, transgrede la “autonomía”.
La resolución no implica que las universidades estén fuera del Sistema Nacional Anticorrupción, o que no puedan ser auditadas, indicaron los magistrados de la Suprema Corte ayer al dar resolución al amparo solicitado; esto es, que “la autonomía universitaria y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción deben convivir armónicamente en el espacio de atribuciones y facultades” con el único propósito de que cumplan con los preceptos constitucionales que exigen transparencia y rendición de cuentas.
Meses atrás, el Congreso de Hidalgo reformó la Ley Orgánica de la Universidad del estado, y poco tiempo después se designó a Adalid Aldana Rodríguez, abogada hidalguense (egresada de la UAEH), ex subsecretaria de Ingresos del gobierno del estado, parte del equipo de transición del gobernador Omar Fayad Meneses cuando fue mandatario electo, como la encargada de encabezar las auditorías a la UAEH.
Con el amparo, las autoridades universitarias encabezadas por el rector Adolfo Pontigo Loyola y bajo la tutela del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, detuvieron la revisión que ya tendría que estar realizando el órgano interno de control; amparados en la “autonomía”, no permitieron abrir las cuentas de la institución para saber en dónde están aplicados los recursos de los hidalguenses.
Los jueces, todo indica, no quisieran crear una nueva jurisprudencia y prefirieron darle el beneficio la “autonomía” para que la UAEH se autogobierne y gaste a discreción, aunque digan y repitan que los audita el SAT, la SHCP, el FBI y no sé cuántas dependencias más.
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