El pasado 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una serie de reformas fundamentales a la Ley de Amparo. Su objetivo es fortalecer este mecanismo para que sea más ágil, accesible y eficaz. No se trata de debilitar el juicio de amparo, como afirman ciertas voces a la ligera, sino de actualizarlo y devolverlo a su función original: ser una garantía de la justicia.
El juicio de amparo es un legado de nuestra tradición jurídica. Durante décadas ha sido escudo frente a abusos de poder e instrumento para hacer efectivos los derechos. Pero, como toda figura, no está exenta de abusos ni puede permanecer ajena a las nuevas realidades. Hoy, en muchos casos, el amparo se utiliza no para defender derechos humanos, sino para prolongar litigios interminables, evadir el pago de impuestos o liberar recursos de origen ilícito. Así, un medio pensado para proteger a las personas más vulnerables termina siendo aprovechado por quienes buscan burlar la ley.
De ahí la importancia de esta reforma. Frente a quienes la descalifican como un intento autoritario de limitar libertades, la realidad es exactamente la contraria: se busca hacer del amparo un instrumento más ágil, transparente y eficaz para proteger derechos. Se trata de clarificar conceptos, frenar abusos y modernizar procedimientos para que deje de ser refugio de privilegios y recupere su sentido original.
Uno de los temas que se critican es el del interés legítimo, que determina quién puede promover un amparo. La reforma propone, por primera vez, definirlo expresamente en la ley, retomando lo que ya había resuelto la Suprema Corte. Sus críticos aseguran que esto cerrará las puertas al acceso a la justicia e impedirá reparar daños indirectos, como los ambientales. Nada más alejado de la realidad. Lo que la iniciativa establece es lo mismo que ya fijó la Corte: debe existir una afectación real, actual y diferenciada respecto de la mayoría, de modo que el amparo otorgue un beneficio cierto y no meramente hipotético. Esta precisión no restringe derechos; al contrario, brinda certeza y facilita que individuos, comunidades y organizaciones lo utilicen para defender causas colectivas y derechos difusos.
Otro de los puntos en debate es el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. La iniciativa plantea que estas medidas ya no puedan suspenderse de manera automática, como ha venido ocurriendo. El abuso de esta suspensión permitió liberar recursos ligados al lavado de dinero, debilitando al sistema financiero y frenando el combate a la delincuencia organizada. Conviene recordarlo: el amparo nunca fue diseñado para blindar delitos financieros. La reforma propone un equilibrio razonable: mantener el bloqueo mientras no se acredite la licitud de los fondos, pero garantizar siempre el llamado mínimo vital —el acceso a recursos suficientes para cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones o vivienda—. Así, se cierran espacios de impunidad sin poner en riesgo los derechos de las personas.
En materia fiscal ocurre lo mismo. Hoy grandes deudores lo han convertido en una estrategia para posponer indefinidamente el pago de créditos firmes, es decir, deudas reconocidas mediante resoluciones definitivas. A través de amparos contra cada paso del procedimiento de ejecución, logran dilatar durante años el cobro. La reforma propone algo sencillo y sensato: concentrar esas defensas en un solo juicio de amparo, evitando litigios interminables sin afectar el derecho de defensa.
La modernización no se limita a combatir abusos: también acerca el amparo a la ciudadanía. La iniciativa permite a todas las autoridades utilizar el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal para actuar. Ello consolida la justicia digital: notificaciones inmediatas, procesos más transparentes y plazos máximos para resolver. Con ello, el ciudadano común dejará de ser rehén de trámites interminables y contará con un amparo que responda en tiempos razonables.
La oposición ha querido instalar la narrativa de que esta es una reforma regresiva, diseñada para facilitar “el trabajo de las autoridades” a costa de las libertades. La realidad es otra. La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum es un esfuerzo por dignificar al amparo, impedir que se convierta en un escudo de privilegios y devolverle su sentido auténtico: la defensa de los derechos humanos frente a los actos de autoridad.
