Que luego de varios intentos por acceder a una reunión con el fiscal encargado del Despacho en la Procuraduría del estado, Santiago Nieto, la presidenta de la organización Mujeres Violetas, Ayerim Tovar logró el primer paso para la vinculación entre sociedad civil y la PGJEH, ante diversos casos para garantizar el acceso a la justicia a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de delitos, y luego de que se diera a conocer mediante las redes de la organización, que se han suscitado irregularidades en la revisión de las carpetas de investigación por las denuncias presentadas.
Que representantes jurídicos de municipios se quejaron porque en la Oficialía de Partes en el Congreso del estado no les recibieron sus actas de la sesión donde los cabildos aprobaron la reforma constitucional en materia electoral, y le están echando la culpa a Servicios Legislativos que se está poniendo de lado de la oposición política a Morena, siendo que cuentan con la mayoría, por lo que no será de extrañar que antes de septiembre de este año se pidan algunos cambios al interior de la estructura de trabajo en el Poder Legislativo.
Que luego de que se dieran a conocer quejas de los proveedores de empresas de extracción de agua que trabajan para la Caasim, a quienes les cobran un “moche” para funcionarios al interior, el tema escaló hasta el Despacho del Gobernador en donde se está poniendo especial atención a todo lo que realizan funcionarios del área administrativa del organismo, como Erik Poza, a quien acusaron con personajes hasta de la cuarta transformación para que le digan al propio mandatario Julio Menchaca Salazar que se siguen aplicando las mismas estrategias del priismo.
Que varias sorpresas se han llevado los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en sus inspecciones a las barandillas de municipios en la Huasteca, pues las condiciones no solo son deplorables, sino que carecen de cuestiones básicas como luz o drenaje, por lo que se convierten en espacios insalubres y que atentan contra toda acción legal, por lo que se prepara un informe detallado de los gobiernos municipales que no invierten en su seguridad pública, ni en las áreas de retención.
