Que tras los actos vandálicos del fin de semana, las aseveraciones de Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, levantaron las antenas de los gobiernos de Michoacán, Estado de México y Guanajuato. Resulta que según el funcionario entre los detenidos tras la marcha de la Generación Z, hay jóvenes de esas entidades. De inmediato, el secretario general de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, acusó de recibido y señaló que hasta el momento no han sido notificados, pero que buscarán acercamiento con la autoridad de Jalisco para conocer el estatus de los guanajuatenses enviados al complejo penitenciario de Puente Grande.
Que la respuesta del secretario Salvador Zamora, ante la crítica del arzobispo Francisco Robles de Guadalajara, por la actuación en los disturbios del sábado revela una clara divergencia de interpretaciones. Mientras la autoridad eclesiástica señala una respuesta tardía, el gobierno defiende su estrategia: priorizó la libre manifestación y solo actuó cuando los daños al patrimonio histórico fueron inminentes. Queda en el aire la duda fundamental: ¿es esta una demostración de contención responsable o, como sugiere la crítica, una falta de previsión? La línea entre respetar la protesta y proteger el orden parece ser tan delgada como controversial.
Que el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, instruyó que Asuntos Internos de la dependencia investigue a los policías que agredieron a los compañeros de MILENIO, así como al del diario La Jornada. Se trata de dos policías que supuestamente ya están identificados y se está integrando la evidencia para robustecer la indagatoria. ¿Quién cumplirá primero? ¿La corporación de Hernández en Jalisco o la de Pablo Vázquez en Ciudad de México, donde también se pasaron con un fotógrafo de La Jornada? Bueno, al menos allá, el funcionario sí se puso en contacto directamente con el fotoperiodista agredido y no se le cayó la mano por tomar el celular.
