Que mal termina esta legislatura pues ayer los diputados, en especial los legisladores del Partido Acción Nacional, se encargaron de poner el último clavo al ataúd que sepulta la iniciativa ciudadana para hacer transparentes las compras del Poder Ejecutivo y los organismos autónomos al rechazar ¡junto con Morena! la iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Con ello los legisladores echaron por la borda un trabajo de 3 años, dos de elaboración y 1 de espera para que fuera ingresada al Congreso, desechando la posibilidad de pasar a la historia como los que abrieron la puerta a la participación de ciudadanos para llevar a cabo cambios de gran calado en favor de la transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas de gobierno.
Que en el comportamiento errático del proceso legislativo para el análisis y dictaminación de la reforma, lo que habla es que pesaron más los intereses oscuros y presiones exteriores que la congruencia de la mayoría albiazul que había hecho suya esta propuesta en la que trabajó la sociedad civil, la iniciativa privada y el sector académico.
Lo que sorprende sobremanera es cómo el mismo PAN rechaza una iniciativa propia luego de haber aplicado todo el rigor legislativo que ellos mismos han presumido, cosa muy extraña pues cuando Acción Nacional llegaba a tribuna con una iniciativa, pasaba porque pasaba. Y ahora no. La pregunta es: ¿por qué?
Que seguro dirán que lo propuesto por ciudadanos, empresarios, académicos y autoridades expertas en la materia ya existía en la actualidad, argumento esgrimido por la Secretaría de Finanzas, de último momento, para echar abajo la reforma junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Si esto era real, si el planteamiento no era el adecuado, ¿por qué la fracción mayoritaria hizo suya la propuesta y la reconoció como una gran aportación “de más de 100 personas” que merecía ser analizada. Al final, gana la opacidad y perdemos los ciudadanos.
