Considero un error garrafal que algunos opositores a la reforma oficialista del Poder Judicial estén pidiendo al Congreso que al menos se lleve a cabo sin precipitaciones, que se ejecute poco a poco, paulatinamente.
En primer término, todo lo que menoscabe la independencia y autonomía del Poder Judicial implica aniquilarlo, y es un deber ético y político de los ciudadanos oponernos con energía y sin concesiones. Lo contrario sería tanto como pedir al descuartizador que se vaya por partes, cuando así tendría que hacerlo; o sugerir al asesino que hunda lentamente el puñal en las entrañas de su víctima.
Lo que agravia a la justicia no se legitima por ejecutarse pausadamente, y propiciarán (involuntariamente) una falsa legitimación quienes soliciten que no se imponga de inmediato en su totalidad, pensando que aplicarla despacio causará un mal menor. El gobierno dirá (con algo de razón) que los opositores y los funcionarios del Poder Judicial estuvieron conformes con que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, y que sólo pidieron (y les fue concedido) cierta temporalidad para su ejecución.
Sobre la referida interinidad, hay dos cuestiones ciertas: la primera es que el gobierno no puede realizar la reforma de manera inmediata, pues hacerla exige un proceso nada sencillo, por lo que pedirle que lo haga paso a paso ya se lo impone la realidad; la segunda cuestión es que el tajo vendrá de arriba hacia abajo: la guillotina funcionará, lo más pronto posible, cortando las cabezas de los ministros y de los consejeros de la judicatura (contra ellos está reconcentrado el odio) los demás serán, para los carniceros, simples menudencias.
Además, los llamados “Diálogos para la Reforma del Poder Judicial” son mascaradas para tratar de justificar el asalto al Poder Judicial y a la justicia, algo muy acariciado por el desquiciado que vocifera y pernocta en el Manicomio Nacional. Inequívocamente han dicho que la reforma va porque va y que los opositores pueden hablar con entera libertad para desahogar su impotencia.
Para esos cavernarios insuflados son suficientes los votos emitidos por 36 por ciento de los electores (en esa evidente elección de Estado) para justificar las tropelías que les vengan en gana, considerándolas, per se, legítimas y democráticas, que su poder es omnímodo, y que nos queda a los gobernados callar y obedecer.
La actuación de los opositores en esos diálogos ficticios será ciertamente justificada siempre que cumpla solamente con dos propósitos: el primero, evidenciar la cerrazón del oficialismo a un verdadero diálogo con disidentes; el segundo, dejar constancia histórica de las razones que apoyan la firme oposición a tan vil atropello a la justicia, y los graves daños que por mucho tiempo causará a los gobernados.
