M+.- El 14 de junio de 2006, cientos de policías irrumpieron de madrugada con violencia para desalojar el plantón de la Sección 22 del magisterio en el centro histórico de Oaxaca, provocando el inicio de algo más que una histórica crisis local.
A veinte años de distancia, lo que sucedió en aquel entonces trasciende la disputa entre el gobierno despótico del impresentable priista Ulises Ruiz Ortiz, y una amalgama de grupos y colectivos sociales, políticos y urbanos que tomaron el nombre de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En mi libro Oaxaca sitiada trato de relatar la gesta popular como la primera insurrección del siglo XXI, pero lo que sucedió en 2006 y 2007 en las calles y barricadas oaxaqueñas fue también uno de los primeros laboratorios represivos del Estado mexicano contemporáneo, como dio cuenta hace una década la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO).
En el informe ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca, se documenta la forma en que a partir del 14 de junio fueron implementándose estrategias y tácticas ilegales, como la construcción de falsos enemigos internos, la criminalización sistemática de la disidencia, el uso de medios de comunicación para fabricar realidades paralelas, la creación de grupos armados irregulares vestidos de civil, la fabricación de expedientes contra opositores y la judicialización selectiva.
La CVO concluyó que las violaciones graves a los derechos humanos cometidas no eran hechos aislados ni excesos individuales, sino que formaban parte de una estrategia de control político ordenada desde las estructuras de poder. A partir de Oaxaca 2006, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura sistemática se volverían parte del paisaje cotidiano nacional.
Con la llegada de la guerra del narco, estas prácticas se extendieron contra otros movimientos, colectivos y poblaciones de diversos lugares del país. Por eso importa lo que sucedió en Oaxaca en el año 2006, porque no es algo del pasado, sino un laboratorio que define al México de hoy.
A pesar de las pruebas recopiladas, de los testimonios de cientos de víctimas y de la reconstrucción de los mecanismos represivos hechos por la CVO y por diversos organismos civiles oaxaqueños, nacionales e internacionales, los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos permanecen impunes. El 14 de junio de 2006 aún no es cosa del pasado.
