Recuerdo un debate en la FIL de Guadalajara con el director de un importante medio de EU que aseguraba que no investigaban el narco en su territorio porque allá no existía ese fenómeno de manera tan estructurada. En la narrativa impuesta por el gobierno americano, los cárteles son un fenómeno exclusivo de América Latina y allá solo hay gangs, o simplemente bad apples incrustadas en alguna institución.
Un libro recién publicado, The Fort Bragg Cartel, de Seth Harp, desnuda la hipocresía. Harp exhibe una red criminal que funcionó por años en la base militar más importante de las fuerzas especiales estadunidenses. Una red que no solo traficaba cocaína y opioides, sino que estuvo ligada, a través del intermediario Freddie Wayne Huff, con Los Zetas.
Todo comienza con dos cuerpos hallados en 2020 en un campo de entrenamiento. Uno de ellos, Billy Lavigne, operador de Delta Force, implicado en el negocio de la droga. A partir de ahí se destapa una secuencia de muertes sospechosas de soldados: alrededor de 109 entre 2020 y 2021, de las cuales solo cuatro ocurrieron en zonas de combate del extranjero. El resto en la misma base militar o en los alrededores. Hay un patrón dominante: se trataba de soldados de élite entrenados para combatir en Afganistán o Irak, aprovechando su disciplina táctica y acceso privilegiado a armas y logística para mover cargamentos de cocaína en suelo estadunidense.
La bisagra era Huff, un agente caído en desgracia, que admitió haber vendido cientos de kilos de cocaína a operadores de Fort Bragg. La droga provenía de una célula actual del grupo mexicano creado por militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), entrenados en bases de élite de México y EU para reprimir a la Chiapas zapatista, aquellos que aplicaron sus técnicas castrenses —disciplinas de comando, uso de tácticas de contrainsurgencia, manejo del terror como herramienta psicológica— para crear una organización de corte paramilitar, muy distinta a las que existían en su momento.
A partir de esta curiosa analogía, queda claro que tanto en México como en EU, los cuarteles militares, concebidos como espacios de “honor” y “patriotismo”, se convirtieron en semilleros de estructuras criminales. De un lado, Los Zetas perfeccionaron la decapitación y ejecución masiva como espectáculo de dominación; del otro, operadores de élite americanos usaron su entrenamiento en guerra irregular para organizar rutas de cocaína y silenciar a testigos incómodos.
Pero en Washington nadie habla del Cártel de Fort Bragg. La palabra cártel está reservada para los extranjeros, porque usarla implica aceptar que el monstruo no está al otro lado de la frontera, sino también dentro de casa. Esto no es un descuido: es la estrategia, el término cártel fue adoptado en los ochenta para nombrar a grupos criminales latinoamericanos y darles un rostro fácilmente demonizable. En EU, el mismo fenómeno recibe los nombres de pandillas, mafias, conspiraciones... Así se construye la ilusión de que el crimen organizado mexicano es excepcional, mientras que el estadunidense es apenas un conjunto de células dispersas.
Con su investigación, Harp pone un espejo incómodo frente al mito de la excepcionalidad estadunidense: los cárteles no son importación mexicana, también son producción local. No solo en barrios pobres y afroamericanos o hispanos, como se estigmatiza, sino en los cuarteles de élite, en las entrañas mismas de la maquinaria militar.
Nombrar al Cártel de Fort Bragg es un gesto irónico: devolver el espejo de la propia ficción americana. Ver que el narco no está solo al sur del río Bravo, sino que también se cultiva en cuarteles estadunidenses, protegido por la narrativa que pretende exorcizarlo, porque al final, lo que se trafica no son solo armas y drogas, sino también palabras: relatos que sostienen imperios.
