SERIE PERIODÍSTICA “ABC DE UNA OPERACIÓN DE ESTADO” / CAPÍTULO I
El viernes 5 de junio de 2009, un incendio consumió la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, cobrando la vida de 49 niños. Pocos días después salieron a la luz una serie de anomalías enmarcadas en un esquema de subrogación implementado en todo el país de manera irregular por el IMSS para administrar las estancias infantiles en las que el Estado cuidaba a los hijos de los trabajadores.
Uno de los principales hallazgos que encontramos los reporteros que investigamos lo sucedido fue la existencia de redes de influyentismo y negocios operadas por familiares y amigos de funcionarios del PRI, partido que gobernaba a nivel municipal y estatal, y del PAN, que lo hacía a nivel federal.
Ante el intento oficial de clasificar lo sucedido a sus hijos como un accidente, y con ello dar carpetazo judicial al asunto, diversos grupos de padres y madres de los niños fallecidos y lesionados se organizaron para llevar a cabo una serie de protestas exigiendo que la tragedia causada por la corrupción no quedara impune.
Debido a su presión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio obligada a atraer el caso, creando una comisión especial de magistrados para investigar el siniestro.
Arturo Zaldívar, quien llevaba apenas dos meses como ministro, luego de haber sido propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón, fue designado como responsable de analizar el informe elaborado por los magistrados investigadores para elaborar la ponencia con la que se llevaría a cabo la discusión de los hechos en el Pleno de la Corte.
Llegada la hora, el flamante ministro Zaldívar presentó un documento que sorprendió a papás y mamás de las víctimas, así como a activistas y periodistas que seguíamos el caso, ya que señalaba como responsables, con nombre y apellido, a altos funcionarios de los diversos niveles de gobierno.
Sin embargo, en medio de una serie de factores extraordinarios, la ponencia de Zaldívar fue rechazada por la mayoría de los ministros, cerrando así una de las pocas ventanas oficiales de esperanza que tuvieron las víctimas.
Por aquel entonces, el equipo del ministro comentaba off the record “la Operación de Estado” que habían sufrido a causa de lo que recuerdan como una auténtica cruzada al interior de uno delos espacios más herméticos de la vida pública nacional.
Años después, ya como ministro presidente de la Corte, convertido en un actor político clave de la cuarta transformación, el propio Zaldívar daría a conocer, en parte, aquella maniobra presidencial.
Aunque pude reseñar aspectos generales de este suceso en mi libro Nosotros somos los culpables y en algunos artículos, fue hasta octubre del pasado 2023 que tuve por primera vez de manera amplia el testimonio directo del ministro ponente sobre lo sucedido.
Durante una entrevista celebrada en su oficina, Zaldívar me contó su experiencia, para luego, unas semanas después de nuestro encuentro, renunciar a su cargo y sumarse a la campaña de la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Ya que ha pasado el carnaval electoral, comparto en esta serie periodística la versión del protagonista de uno de los momentos de mayor atención y turbulencia que ha tenido el máximo tribunal constitucional, alrededor de una tragedia que al día de hoy exige justicia.
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Soy Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo llego a la Corte en diciembre de 2009. Cuando llego, ya el Pleno en la Corte —previamente— había decidido llevar a cabo una investigación, en términos del artículo 97 constitucional, para investigar los hechos que habían derivado en la muerte de 49 niños y más de 100 niños lesionados, la mayoría de ellos bebés, en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Esta facultad del artículo 97 constitucional, curiosamente, después de que presento mi dictamen de la Guardería ABC y se resuelve el asunto como se resolvió, viene una reforma para quitarle a la Corte esta atribución.
Dicha facultad, que estaba en la Constitución, daba una atribución atípica a la Corte para llevar a cabo una investigación por violación grave a lo que entonces se llamaban garantías individuales y que hoy podemos denominar como derechos fundamentales o derechos humanos.
Esta investigación derivaría después en un dictamen, pero un dictamen muy peculiar, que no es una sentencia, no establece responsabilidades penales, civiles o administrativas. Es un dictamen simplemente similar a lo que pudiera ser una resolución del ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, por ejemplo.
Entonces, cuando yo llego, ya se había designado una comisión de magistrados para investigar los hechos y el Pleno había venido recibiendo informes periódicos. El Pleno en la Corte también tenía un rol, un turno especial para asignar las investigaciones del artículo 97, como la de la Guardería ABC.
En ese turno, ya le había tocado a algunos ministros, entre ellos Juan Silva Meza, Mariano Azuela, José Gudiño Pelayo... De acuerdo al rol que tenían en ese momento, le tocaba al ministro Fernando Franco y después al ministro Genaro Góngora Pimentel.
El ministro Luis María Aguilar y yo llegamos juntos en diciembre de 2009 a la Corte. El ministro Aguilar sustituye al ministro Azuela y yo al ministro Góngora Pimentel. En ese momento en que se estaba viendo el turno del asunto, se le dice al presidente de la Corte, Guillermo Ortíz Mayagoitia, que lo correcto era que Luis María Aguilar y yo estuviéramos hasta el final de la lista porque acabábamos de llegar. Don Guillermo dijo que no, que toda vez que habíamos sustituido a Azuela y a Góngora tomáramos el lugar de Azuela y de Góngora.
Con esto, claramente, a Luis María ya no le tocaría ningún tema del artículo 97, que a los ministros no les gustaba mucho que les tocara, y a mí me tocaba después de Franco. En ese momento yo no le vi ningún problema. Dije: “Ah , bueno, le toca esta a Franco, a mí la próxima”.
Pasó algún tiempo para que yo advirtiera que desde ahí empezaba una trampa procesal para que yo fuera ponente en un asunto en relación con el cual no me tocaba ser ponente.
(CONTINUARÁ…)
