“Las 43 familias estamos enojados (...) más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, manifestó Mario González, familiar de uno de los normalistas desaparecidos. Y no es para menos. Según el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tanto el Ejército como la Marina sabían que los jóvenes serían atacados pues los estaban monitoreando en tiempo real.
En los documentos a los que tuvo acceso el GIEI se encontraron conversaciones de militares informando a sus superiores los pasos que seguían los alumnos hasta que llegaron a Iguala, así como evidencia de infiltrados entre los estudiantes. "Interceptaciones de comunicaciones (...) podrían haber guiado la búsqueda de los estudiantes", consigna el informe, y por tanto, en teoría, evitado la masacre.
La denominada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y la Procuraduría General de la República, en ese entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, señalaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Sin embargo, de acuerdo a la GIEI, fueron elementos de la Marina los que manipularon el sitio iniciando una hoguera para alterar y contaminar la escena, antes de la llegada de los peritos. La dependencia nunca informó de la diligencia en el lugar que se convertiría en el punto de partida y fin de la supuesta verdad histórica.
Cabe resaltar que este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya la Fiscalía investiga a los marinos implicados.
La desaparición de los normalistas no se trató de un hecho aislado. La simulación en este doloroso caso es uno de los ejemplos más claros de la simulación institucional en México, con un expresidente, también fabricado, al mando: falsear resultados para acallar a la opinión pública; utilizar el aparato estatal para reprimir y asesinar; usar de forma facciosa a la justicia y dar carpetazos en contra de los más humildes; y apostar por el olvido y la mentira como respuestas a la inoperancia.
A pesar del parteaguas que significó este hecho para el gobierno de Peña Nieto, llama la atención que un suceso tan infame no haya provocado una reacción más contundente por parte de la sociedad mexicana, y tampoco lo haga ahora que se conocen, por fin, resultados verdaderos en esta investigación. Debería ser un escándalo nacional con primeras planas en todos los medios, aunque sea para resarcir parte del daño que la defensa de varios opinadores y llamados intelectuales produjo, cuando en su momento defendían la represión a los estudiantes y una verdad histórica construida sobre una escena manipulada.
Dirán que se apegaron a los informes oficiales presentados, aunque las irregularidades en el proceso y el protagonismo de fuerzas estatales haya sido siempre un secreto a voces. Lo cierto es que eso también hacía parte del chayote y hoy es más fácil voltear hacia otro lado.
Las y los expertos del GIEI resaltan que la información de las Fuerzas Armadas pudo obtenerse a partir de abril de 2021, tras la intervención directa del presidente. Al menos desde 2010, los normalistas fueron espiados por el Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento militar a los normalistas entre los años 2011 y 2014. Sin embargo, la Secretaría de Defensa Nacional y el Cisen continúan escondiendo información.
Lamentablemente, la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para que haya avances en el caso no es suficiente, si no viene acompañada de la acción decidida del poder judicial. Todavía queda mucho por hacer en algunas cloacas al interior del Estado mexicano que saben trabajar conjuntamente; en siete años han muerto 22 personas, 20 de ellas ejecutadas, que tuvieron algún tipo de relación con lo ocurrido en septiembre de 2014 o formaron parte de la investigación como servidores públicos y testigos.
Queda claro que las Fuerzas Armadas han administrado la información a su conveniencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de negar la información en el gobierno anterior y en este? ¿Quién dio la orden? ¿Quién coordinó este trabajo interinstitucional tan articulado?
El Estado los persiguió. El Estado los asesinó. El Estado los desapareció. Fue el Estado y el Estado tendrá que responder.
Daniela Pacheco
