El covid-19 ha tenido ya un impacto, que será profundo y duradero, en la salud pública, en la economía mundial, en la vida cotidiana de los habitantes del planeta. Y ha marcado también la naturaleza de los Estados. Porque la pandemia ha provocado una ola de medidas autoritarias y represivas en todo el mundo.
Vivimos tiempos de excepción, con problemas extraordinarios que exigen, a su vez, respuestas extraordinarias. Los Estados necesitan asumir poderes que antes no tenían para cerrar las fronteras, para decretar cuarentenas, para rastrear a las personas que pudieran estar infectadas. Estas acciones están avaladas por reglas aceptadas por todos los países, pero en algunos casos ponen en peligro las libertades y los derechos de la sociedad, pues varios gobiernos han utilizado la pandemia como pretexto para acrecentar su poder. En la medida en que las nuevas leyes aumentan el control del Estado sobre la sociedad, permiten vigilar mejor a los ciudadanos y restringen la libertad de reunión y expresión, ellas podrían también determinar la vida civil y política de las naciones en las décadas por venir. Es el argumento informado y elocuente de Selam Gebrekidan publicado esta semana en The New York Times, con este título: “Para los autócratas, y otros más, el coronavirus es una oportunidad para acumular todavía más poder”.
El artículo ofrece ejemplos tomados de todas las latitudes del planeta para ilustrar su tesis. Sistemas invasivos de control como los aplicados en Corea del Sur y Singapur, por ejemplo, que serían criticados en tiempos de normalidad, han sido elogiados por su eficacia para contener las infecciones. La prohibición estricta de salir a la calle, que muchos criticaron cuando fue decretada por China, por sus terribles implicaciones, es ahora común en muchas de las democracias más antiguas de Europa. En Israel, el primer ministro ha cerrado las cortes (a las que debía enfrentar, acusado de corrupción) con el pretexto de la pandemia. En Filipinas, los legisladores han otorgado poderes excepcionales al presidente, los cuales han revivido en el país el miedo a una ley marcial. En Jordania, una nueva medida permite al gobierno reprimir a cualquiera que difunda, en su opinión, “rumores, mentiras y noticias falsas”. En Chile, que durante meses vivió conmocionado por marchas y manifestaciones, el presidente decretó un “estado de catástrofe” que permite la presencia masiva del ejército en las calles. En Bolivia, las elecciones prometidas y anunciadas para mayo, tras un cambio de gobierno muy controvertido, han sido aplazadas. En Tailandia, el primer ministro ha asumido la autoridad para decretar toques de queda y para censurar a los medios de comunicación. En Hungría, el caso más preocupante, una nueva ley otorgó al primer ministro, de manera indefinida, el poder para sortear al parlamento y suspender todas las leyes. Mucha de esa legislación fue votada tan rápidamente que pocos tuvieron el tiempo necesario para estudiarla y debatirla. Es probable que muchas de esas leyes de emergencia permanezcan vigentes aun cuando pase la crisis.
En México, extrañamente, el Presidente no ha tomado la oportunidad que ofrece la pandemia para fortalecer su propio poder en el gobierno, y para acrecentar su popularidad, como ha ocurrido con otros dirigentes similares, como en Estados Unidos. Mi predicción es que lo hará muy pronto.
Investigador de la UNAM (Cialc)
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