Las imágenes son familiares desde hace más o menos una década: miles de centroamericanos apiñonados en el norte de México tratando de ingresar a Estados Unidos. No son ya, en su mayoría, mexicanos: son centroamericanos, al grado que este año, por vez primera, Honduras y Guatemala, con una población varias veces menor, están a punto de sobrepasar a México como la fuente más importante de la migración ilegal hacia Estados Unidos.
México tenía que poner un alto a la migración masiva y caótica de centroamericanos que atravesaban su territorio, vejados por la policía, extorsionados, secuestrados y asesinados por el crimen, como ocurrió en 2010, para vergüenza nuestra, en San Fernando, Tamaulipas, donde más de 70 personas fueron asesinadas, en su mayoría de Centroamérica. Había que proteger a los migrantes, castigar a los traficantes, reprimir a los criminales. Surgió así, en 2014, el Plan Frontera Sur, que ayudó a contener la inmigración, pero sin ofrecer garantías a los que tenían que volver a su lugar de origen. En Centroamérica están algunos de los países más pobres del mundo, los más pobres del continente: Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Pero lo que más afecta la vida en la región es la violencia. Los países con las tasas más altas de homicidio están ubicados en esa zona, encabezados por Honduras y El Salvador, y seguidos por Guatemala. La violencia, allá, está vinculada con el narcotráfico, con las maras, con la debilidad de los gobiernos, con la abundancia de armas. Los centroamericanos, víctimas también, sin saberlo, de la explosión demográfica, huyen de la miseria y la violencia de sus países para enfrentar el infierno en México, que desde hace cinco años los deporta masivamente, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Pero ellos vuelven a intentar salir, porque están desesperados.
La contención de la migración ilegal de Centroamérica, iniciada por el presidente Barack Obama, ha llegado a un grado de crueldad inusitada en los tiempos de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos amenazó a México con un arancel si no detenía esa migración, y le dio un plazo de 90 días para demostrar que hacía bien su trabajo. Al terminar el plazo, el canciller Marcelo Ebrard asistió a Washington para evaluar las medidas implementadas por su gobierno, centradas en el despliegue de más de 24 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump expresó su beneplácito; el vicepresidente Mike Pence elogio los pasos “significativos y sin precedentes” que dio México. El canciller Ebrard respondió así: “No hemos hecho nada de lo que debamos avergonzarnos”, una frase que llegó ayer a la portada de MILENIO. ¿Nada para avergonzarnos? Hemos aceptado ser el muro que quiere Trump. Hemos hecho lo que condenamos nosotros mismos durante décadas: reprimir a quienes salen de sus países en busca de una vida mejor. “Las políticas de tolerancia cero no cortarán de raíz los factores que empujan a la gente a salir de su país”, dijo al respecto Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos factores? La pobreza extrema, la explosión demográfica, la inseguridad agigantada, el auge del crimen, la debilidad de los Estados. Ebrard debe de recuperar la iniciativa: insistir en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo en México y Centroamérica, que generen seguridad y trabajo y reduzcan el deseo de migrar al Norte.
Investigador de la UNAM (Cialc)
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