El 27 de junio, Nahel Merzouk, un muchacho de diecisiete años de edad, originario del norte de África, murió a causa de una bala disparada por un policía en Nanterre, al noroeste de París. La versión de que la vida del agente peligraba fue desmentida por un video que mostraba cómo dos policías lo perseguían y lo detenían, y uno de ellos le disparaba al acelerar él para tratar de escapar. El video, difundido en las redes sociales, detonó las protestas, que desbordaron París e hicieron arder a Marsella y a Lyon y a todas las ciudades de Francia. En una semana de tumultos, el fuego consumió 150 alcaldías y 250 estaciones de policía, además de escuelas, clínicas y bibliotecas, percibidas como símbolos del Estado. El sábado en la noche fue atacada la casa del alcalde de L’Haÿ-les-Roses, en París. Cuarenta y cinco mil policías fueron movilizados y alrededor de tres mil personas fueron arrestadas. El promedio de los detenidos era de 17 años de edad. Algunos eran niños de 12 y 13 años.
Los disturbios exhibieron la tensión social en Francia. Estalló la indignación por la brutalidad policiaca y la discriminación racial, y el sentimiento de injusticia en los suburbios. Es la tercera ola de protestas que sufre en sus seis años de gobierno el presidente Emmanuel Macron. Un estudio de 2017, cuando fue electo, descubrió que los jóvenes percibidos como árabes o negros son alrededor de 20 veces más propensos a ser detenidos por la policía que los franceses que son blancos, pero no quiso hacer nada al respecto, por su temor a ser percibido como débil ante la demanda de orden. Esta vez, el estallido social fue agudizado por la polarización política que vive Francia. Macron describió la reacción del policía que disparó a matar, arrestado después, como “inexplicable e inexcusable”. Los partidos de derecha condenaron lo que dijeron era una violación del principio de presunción de inocencia: culparon al presidente de deslealtad hacia la policía. Macron no retrocedió. Resistió los llamados para declarar un estado de emergencia en el país, lo que hubiera podido empeorar la crisis, al darle luz verde a la policía. Pero debió enfrentar no solo a la extrema derecha, sino también a la extrema izquierda. Jean-Luc Mélenchon, su dirigente, rechazó hacer un llamado al orden, amenazando la estabilidad de la República. En contraste, llamados al orden fueron hechos por varias celebridades, como las de la selección nacional de futbol, y por la propia familia de la víctima: “La gente que está haciendo destrozos”, dijo su abuela, “yo les digo que no lo hagan”.
No es la primera vez que la brutalidad policiaca contra las minorías desata una ola de protestas en Europa y Norteamérica. La policía de Francia necesita cambios, por su pobre entrenamiento, por su racismo sistemático, por la fuerza excesiva con la que enfrenta a las manifestaciones, por su simpatía con la extrema derecha. Pero también es necesario mejorar las condiciones de los suburbios en el país. Miles de millones de euros han sido invertidos en mejorar el transporte y la vivienda, pero no la educación y el trabajo de los descendientes de emigrantes que residen ahí. Desde hace años viven sumidos en un malestar que amenaza con estallar fuera del control del Estado.
