La encuesta Ley de Seguridad Interior que levantó el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados reporta que 74.1 por ciento de los entrevistados lo menos que quiere es que se faculte a los militares a replegar manifestaciones públicas.
El 55 por ciento rechaza la intervención del Ejército y la Marina Armada en comunicaciones y recolección de información privada, y 21.1 por ciento de los entrevistados niega que la presencia militar fortalezca a las instituciones en el combate al crimen organizado.
Lo notable, sin embargo, es la desconfianza que más de la mitad tiene en las policías estatales y municipales del país y que ocho de cada diez confían (“mucho” o “algo”) en las fuerzas armadas.
Sobre si debe o no dárseles un marco legal para su actuación (Ley de Seguridad Interior) contra la delincuencia, 77.3 por ciento está en pleno acuerdo y 64.6 considera que son útiles los patrullajes militares en las zonas de mayor incidencia criminal.
De donde se colige: oponerse a la legislación es apoyar a las bandas que expolian y asesinan a la población civil.
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