En junio pasado, la Suprema Corte de EEUU revocó el derecho de las universidades a utilizar acciones afirmativas que favorezcan la admisión de estudiantes por condición racial, dando fin a la política de priorizar el ingreso de afroamericanos y latinos a universidades de élite.
Al margen de lo controversial de la decisión, impulsada por seis integrantes conservadores de la Corte (tres de ellos propuestos por Donald Trump), se abre un sano debate sobre equidad y acceso a la educación superior. Como señala The Economist, “es una oportunidad para abordar la discusión sobre el mérito y el privilegio en la universidad”.
Tras 45 años de acciones afirmativas poco cambió en la composición de la matrícula en universidades “Ivy League plus”. Hoy, por ejemplo, casi 70% de los alumnos en Harvard y Stanford provienen del quintil más alto y apenas 4% del quintil más pobre. Además, los hijos de las familias más ricas (1% de la población) tienen 77 veces más probabilidades de acceder a una universidad de prestigio que aquellos de los hogares más pobres (20% de la población) (La Tiranía del mérito).
El debate debe ser global. Es crucial promover que las universidades y los sistemas educativos sigan siendo escaleras sociales y no se conviertan, como afirma el rector de John Hopkins, en “fuente para la reproducción de privilegios”.
En México el acceso a la universidad sigue siendo privilegio de pocos; para 4 de cada 10 jóvenes. Lamentablemente, en universidades públicas, apenas 14% provienen del quintil más pobre, mientras 41% pertenecen a los dos quintiles más ricos (IEEC; ENIGH) (n9.cl/o2go4).
Para romper la trampa de la pobreza no es suficiente con crear nuevas “universidades” precarizadas, sino promover que más estudiantes de bajos ingresos accedan a instituciones de alta calidad. Esto último, irónicamente, no se logrará con el mandato de “gratuidad” -sin presupuesto que lo respalde-, sino incrementando el financiamiento a las universidades públicas que más se comprometan a ampliar sus espacios, priorizando a jóvenes en pobreza.
Es la ruta óptima, pero implica que los gobiernos dejen de debilitar aquello que no controlan: las universidades autónomas.
