M+.– Rubén Rocha Moya, El Profe, no tiene nada que celebrar este Día del Maestro: en las últimas 24 horas ha sufrido tres golpes que lo mantienen en vilo.
El primero fue la confirmación de que su secretario de Seguridad Pública, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, cruzó la garita de Nogales hacia Arizona para entregarse ante las autoridades de Estados Unidos como uno de los 10 funcionarios sinaloenses vinculados al crimen organizado. Su más probable objetivo será incriminarse como colaborador de Los Chapitos y, a cambio de beneficios como una reducción de pena, confesar los acuerdos de su superior jerárquico, es decir, el gobernador con licencia.
Este primer golpe es doble para el morenista: por un lado, rompe con la narrativa de que quienes lo acusan son delincuentes o capos del crimen organizado que se están vengando contra él, o contra la Cuarta Transformación, por sus avances políticos. Esta vez no lo acusaría un criminal como Ovidio Guzmán o Ismael El Mayo Zambada, sino un subalterno que operó directamente bajo sus órdenes. Un hombre con tareas de pacificación en Michoacán, Oaxaca, Puebla, entre otros estados, y cuyo fin se precipitó en cuanto se puso a las órdenes de Rocha Moya.
Por otro, lo enfrenta directamente con el Ejército mexicano, pues el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez no es un militar cualquiera, sino uno cercano al extitular de la Defensa Nacional en tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Crescencio Sandoval. Para un ala importante del Ejército, Rocha Moya sería visto como el origen del veneno que contaminó a uno de los suyos y que mancha la reputación de los generales en retiro como incorruptibles.
El segundo golpe pega directamente en el argumento de sus defensores sobre la supuesta falta de “pruebas contundentes” en poder de Estados Unidos para exigir su detención y extradición: un segundo indiciado —y ahora entregado— es el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, quien eligió Europa como su lugar de rendición. Es el hombre del presupuesto, el dinero sucio, los sobornos y los pagos al crimen organizado, según la narrativa de Estados Unidos.
Díaz Vega también buscaría convertirse en un colaborador de la justicia estadounidense y después en testigo protegido. A cambio de otros beneficios, como protección para su familia o reclusión en una prisión de mediana seguridad, podría entregar cuentas de banco, recibos, nóminas, transferencias. Todos son documentos que cualquier secretario de Finanzas medianamente eficiente debe tener guardados bajo un cajón con llave. Las “pruebas contundentes”, les llaman.
Y el tercer golpe es emocional: las indagatorias del gobierno mexicano avanzan y se extienden hasta sus hijos José de Jesús, Rubén y Ricardo, y su hija Eneyda, quienes son los grandes amores del gobernador con licencia. A través de la Secretaría de Hacienda, se han hecho peticiones formales sobre los estados financieros de la familia y se mantiene en suspenso la decisión de congelarles las cuentas. Si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que Rocha Moya usó a su familia para triangular recursos, podría darle vista a la Fiscalía General de la República para que se giren nuevas órdenes de aprehensión. La ambición del padre destruiría el futuro de los hijos.
Tres golpes seguidos en el Día del Maestro. Dos de excolaboradores que lo abandonan a su suerte y uno del gobierno directo al corazón. Mazazos que sacan el aire a un hombre de 76 años, cuyo tiempo se agota rápidamente.
