M+.- Con encomiable rigor profesional, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra la Fiscalía de Chihuahua por presuntas irregularidades en el aseguramiento de los mayores narcolaboratorios descubiertos en la historia reciente.
Dice que hubo fallas en la cadena de custodia, omisiones en la entrega formal de indicios y posibles invasiones de competencia en el operativo realizado en la sierra de Morelos en presencia de cuatro agentes de la CIA (murieron dos junto con dos policías estatales en el desbarrancamiento del vehículo en el que viajaban).
Asegura que su Agencia de Investigación Criminal no recibió de manera oficial el área intervenida ni los indicios ni las sustancias aseguradas, y que no se siguió el protocolo que obliga a preservar con precisión quirúrgica las evidencias de un delito.
Muy bien. Así debe ser.
Lo deplorable es que tal severidad técnica y jurídica parece aparecer y desaparecer a conveniencia política, porque la misma Fiscalía que se indigna por la presunta alteración de protocolos en Chihuahua no mostró igual celo en episodios tan escandalosos como el operativo en que murió el jefe de la banda Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, donde imágenes difundidas después mostraron una cabaña-mansión abandonada, expuesta al saqueo y al manoseo de objetos que el Ministerio Público Federal debió proteger de manera inmediata.
¿Por qué en un caso la FGR actúa como laboratorio suizo de precisión y en otros semeja una oficina improvisada, incapaz de tender un simple cerco de seguridad?
El problema no es lo legal, sino el contexto político. En Chihuahua el oficialismo encontró un filón propagandístico: la presencia de la CIA en un operativo antidrogas permitió desatar la vieja retórica nacionalpopulista sobre la soberanía mancillada, la intervención extranjera y hasta supuestas violaciones constitucionales.
La narrativa pretende presentar aquel operativo casi como una invasión clandestina del Pentágono, cuando todo indica que los estadunidenses tuvieron una participación marginal o de inteligencia en una acción ejecutada por autoridades chihuahuenses, o sea, mexicanas.
Pero hacía falta capitalizar el caso para golpear a la gobernadora panista y azuzar a los fanáticos con el cuento de que es “traidora a la patria”.
Entretanto, el dato verdaderamente alarmante quedó relegado: en territorio mexicano operan instalaciones cuasi industriales para producir drogas sintéticas a gran escala, que no pudieron instalarse de la noche a la mañana ni pasar inadvertidos para las autoridades durante meses o años.
Que si un oficio se entregó tarde, que si un indicio no fue oficialmente recibido, que si había mirones de la CIA, pero no lo esencial: el tamaño descomunal del narcotráfico que prospera en México mientras las instituciones parecen más interesadas en disputarse competencias y construir relatos políticos que en explicar cómo semejantes emporios criminales pueden funcionar impunemente…
