En México, al menos ocho mujeres son privadas de la vida de manera violenta todos los días. Cada una con un nombre, una historia, un proyecto de vida y una familia destrozada. Cada una, también, con una deuda de justicia que el Estado mexicano aún debe saldar.
Los estragos de la violencia feminicida no se limitan al crimen en sí: abarcan el silencio institucional que lo rodea, la impunidad que lo normaliza y la desigualdad estructural que lo alimenta. Y hay otra herida, más invisible aún, que acompaña a demasiadas víctimas y sus familias: la del abandono. La de quienes se atrevieron a exigir justicia y encontraron del otro lado indiferencia, burocracia indignante y un sistema que duele tanto como el daño inicial. La de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, que enfrentan el desamparo y la indiferencia de las instituciones.
Por ello, erradicar el feminicidio no es solo una tarea del sistema de justicia penal. Es una condición para que la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea real y duradera, y no solo una promesa inscrita en la Constitución.
La semana pasada, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Es el primer paso indispensable: sin esa reforma al artículo 73 de la Constitución, el Congreso no tiene facultades para legislar en esta materia con alcance nacional. Una vez aprobada, vendrá la ley propiamente dicha.
¿Por qué se requiere una ley general? Hoy el feminicidio está tipificado de manera distinta en cada estado. Las penas varían, los criterios para acreditar las razones de género son diferentes, los protocolos de investigación no son uniformes y las fiscalías locales operan sin estándares comunes. Eso significa que un mismo crimen puede recibir respuestas radicalmente distintas dependiendo de la entidad federativa en que ocurra. Significa que hay mujeres cuya muerte violenta ha sido catalogada como suicidio o accidente sin que nadie investigue. Esa disparidad no es un problema técnico: es impunidad con respaldo normativo.
Una ley general lo resolvería de raíz, al establecer un tipo penal único, obligar a investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento, fijar sanciones homologadas, declarar el delito como imprescriptible y garantizar la reparación integral del daño en todo el país.
En julio de 2022, cuando fui presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregamos a las dos Cámaras del Congreso un proyecto de iniciativa en esencialmente el mismo sentido: reformar el artículo 73 constitucional, crear un tipo penal nacional homologado y un protocolo único de investigación. Lo dijimos entonces con toda claridad: no pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres en México. Ese proyecto no prosperó, no por falta de urgencia ni de argumentos, sino porque la política legislativa tomó otros caminos.
Hoy tendremos una ley general gracias a las mujeres que nunca dejaron de exigirlo, y a la primera Presidenta de México que decidió colocarla en el centro de la agenda constitucional. Detrás hay un trabajo colectivo que merece ser nombrado. La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, construyeron un proyecto robusto anclado en la igualdad sustantiva; por su parte, la Consejera Jurídica Esthela Damián tendrá a su cargo darle cauce a la iniciativa para que llegue a buen puerto. Cuando las instituciones funcionan así, en coordinación y con propósito, los resultados se notan.
Que esta iniciativa llegue al Senado es una señal poderosa. El Congreso tiene ahora en sus manos la oportunidad de hacer historia: aprobar el marco jurídico que México le debe a las mujeres desde hace demasiado tiempo. Sin una ley general, seguiremos teniendo un país donde el valor de la vida de una mujer depende del estado en que vive. Con ella, habremos dado el paso más importante hacia una justicia que reconozca, de una vez y para siempre, que ninguna mujer debe enfrentar sola la violencia, y que ningún feminicidio puede quedar impune.
No es imposible. Se requiere voluntad política. Y esta vez, con la primera mujer Presidenta en nuestro país, esa voluntad existe.
