M+.- La amenaza de parte de los maestros para impedir el Mundial de futbol en México puede parecer excesiva, una expresión de radicalismo irresponsable por lo mucho que puede dañar al país. Sobre todo, considerando que el gobierno de la 4T sería el más perjudicado, pese al esfuerzo realizado en beneficio de los sectores populares y la educación gratuita. Lo más fácil es acusar a los maestros de ingratitud y egoísmo. Pero hay un problema de fondo: tienen una razón para intentarlo. Para todo trabajador sujeto al régimen del IMSS posterior a 1997 o al del Issste a partir de 2007, el esquema de jubilación que hoy existe es una desgracia. Depende de lo que se haya acumulado en su Afore, que no suele ser mucho. Menos, en todo caso, de lo que consiguen quienes están sujetos al régimen anterior a esos años, cuando la pensión se acercaba al sueldo vigente y era asegurada por el Estado de manera vitalicia. Como se recordará, el gobierno de Ernesto Zedillo y luego el de Felipe Calderón introdujeron cambios ante la imposibilidad del Estado para financiar la carga que representaba el envejecimiento de la población.
Se trata de dos posiciones encontradas, razonablemente legítimas, pero mutuamente excluyentes. Por un lado, está el hecho de que antes un trabajador podía aspirar a pasar su vejez con un nivel de vida similar o muy parecido al que tenía, y ahora está condenado a reducirlo de manera significativa. Un cambio no menor considerando que se trata de niveles de vida modestos, sin grandes márgenes para el sacrificio. Por otro lado, es evidente la imposibilidad de una sociedad moderna para financiar la vejez de poblaciones masivas y cada vez más longevas, salvo que se imponga ese sacrificio.
Según datos de Hacienda, el costo de las pensiones de jubilación en el primer trimestre de este año fue de 560 mil millones de pesos, anualizados eso equivaldría a 2.3 billones de pesos; esto es, alrededor de 23% del presupuesto federal. Y eso con la legislación vigente, de la cual se quejan los maestros. Derogar el régimen de pensiones de 2007 para regresar al anterior dispararía esa cifra. El efecto combinado, además, con el envejecimiento de la población, se convertiría en una carga insostenible para quien gobierne.
Las nuevas generaciones no están en condiciones de mantener el gasto de quienes les precedieron. En todos aquellos países en los que el Estado asumió esa responsabilidad existe una bomba de tiempo que irá estallando, de acuerdo con las circunstancias de cada país. En todos los casos el mayor afectado es el gobierno en turno, sea porque deba afrontar el costo político del conflicto o encuentre la manera de patear el bote con cargo a la siguiente administración. Una pieza reciente de The Economist mostraba que en todos los países del primer mundo han descendido de manera vertiginosa los montos de inversión pública, porque los recursos estatales son devorados en proporción creciente por el pago de las pensiones. Los gobiernos centrales ya no están en condiciones de realizar las grandes obras de infraestructura del pasado, salvo excepciones.
¿Por qué ahora se radicalizan los maestros en México? Aunque quizá la pregunta sería otra, ¿por qué no lo hicieron antes? Me parece que en buena medida lo retrasó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la expectativa de los sectores populares depositada en un gobierno en favor de sus causas. El desplome de la credibilidad de los gobiernos de PAN y PRI habría provocado una explosión de inconformidad de estos grupos si no hubiera existido una opción en las urnas para exigir un cambio. Lo que ahora estamos viendo son las primeras señales del agotamiento de esas expectativas. El gobierno de la 4T no está en condiciones de mantener el mismo ritmo de incremento en las derramas sociales ni tampoco la posibilidad de hacer el cambio estructural que esperaban algunos estamentos organizados de estos sectores populares. Tal es el caso de las pensiones. Ese es el tema de fondo, más allá de quien esté en Palacio de Gobierno o en la Secretaría de Gobernación. Esto último condiciona, sí, el manejo de crisis o control de daños de un problema que en realidad no tiene solución definitiva.
Y existe un tema aún más grave a considerar. Los maestros de la CNTE podrán ser los más radicalizados, pero constituyen simplemente los “adelantados” respecto a muchos otros grupos cargados de exigencias y reivindicaciones pendientes. Vecinos, pueblos, gremios, ciudadanos afectados, familias víctimas de la violencia. Los problemas de agua, inseguridad, exigencias productivas, ingresos y servicios potencialmente hacen del territorio un campo minado. En la medida en que el Estado carece de recursos para resolver o gestionar las demandas y expectativas frustradas, los agraviados se acostumbran a exigirlas por asalto, bloqueando vías de comunicación o colapsando la vida pública. Una opción, por desgracia, que muchos asumen como la única para ser atendidos.
México no afronta un riesgo de insubordinación política armada o violenta, pero sí la posibilidad de una multiplicación de conflictos diseminados por todo el territorio, capaces de paralizar y dañar de manera sustantiva, en la medida en que el método de la CNTE se generalice.
Más allá de aciertos o desaciertos, hasta ahora los gobiernos de Morena han caminado en la dirección correcta al priorizar la atención de la desigualdad y la pobreza. Podemos diferir en la interpretación, pero me parece que un gobierno menos sensible al interés de las mayorías podría desencadenar una inestabilidad insoportable o derivar a un régimen autoritario. Por desgracia, la velocidad del cambio se está quedando por debajo de las exigencias. O el gobierno encuentra la manera de acelerar la creación de empleos, es decir, generar mayor crecimiento económico o se hace de mayores ingresos y recursos políticos para gestionar el descontento.
Una reforma fiscal o su equivalente y una mejor operación política resultan urgentes. Intentar hacer maravillas con una cobija demasiado corta resulta imposible. El caso de la CNTE me parece que se está minimizando; habría que insistir que asistimos a un cambio cualitativo que puede ser explosivo en materia de gobernabilidad, más allá de la coyuntura del Mundial. En concreto, respecto a los maestros se requiere la intervención directa de la Presidenta, un diálogo largo y razonado, más allá de los excesos o errores cometidos. Sus operadores no han funcionado. La peor estrategia sería un desencuentro profundo con un grupo quizá intransigente, pero con agravios reales. La política en ocasiones es el arte de lo imposible; como ahora.
