El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia de elección judicial. Se trata de profundizar y consolidar la democratización de la justicia iniciada en 2024, mediante ajustes puntuales que perfeccionan su funcionamiento, robustecen la integridad del proceso y garantizan la participación política de las y los mexicanos.
Vale recordar el punto de partida. La reforma constitucional de 2024 introdujo un cambio estructural en la forma de integrar el Poder Judicial: la elección directa de las personas juzgadoras. El 1 de junio de 2025 se celebró el primer ejercicio bajo ese modelo, con la participación de cerca de 13 millones de personas. Como ocurre con cualquier rediseño institucional de esa magnitud, la experiencia práctica arrojó lecciones: confirmó la viabilidad del nuevo esquema y, al mismo tiempo, reveló aspectos del diseño normativo que conviene precisar y mejorar.
La iniciativa que la Presidenta enviará al Congreso parte de ese diagnóstico. En términos generales tiene cinco ejes fundamentales.
El primero: trasladar la próxima elección judicial de 2027 al 2028. La razón es logística y de sentido común. Celebrarla en 2027 habría obligado a los ciudadanos a votar en dos casillas distintas el mismo día: una para las elecciones ordinarias y otra para las judiciales, fragmentando el proceso sin beneficio para la ciudadanía. Al moverla a 2028, la elección podrá realizarse en las mismas casillas, con mayor facilidad y participación. En ese año se elegirán 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y miles de juzgadores locales en 25 entidades federativas.
El segundo eje: la creación de una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación de los tres poderes. Una lección de 2025 fue que cada comité operó con criterios y metodologías distintos. La nueva Comisión homologará estándares, verificará requisitos formales y adelantará el arranque del proceso a abril del año previo a la elección, garantizando tiempo suficiente para evaluar a fondo a las personas aspirantes. A su vez, la Comisión Coordinadora establecerá la metodología del examen de conocimientos que deberán acreditar las y los aspirantes. La coordinación no disuelve la independencia de cada instancia; la hace más rigurosa y transparente.
El tercer eje es quizás el más visible para la ciudadana y el ciudadano de a pie: la reducción drástica del número de candidaturas en la boleta. En 2025, la proliferación de candidaturas por cargo dificultó la deliberación y el voto informado. Con la nueva fórmula, cada Poder de la Unión postulará dos personas por cargo —seleccionadas mediante insaculación pública entre los perfiles mejor evaluados. Así, cada persona electora votará por un candidato o candidata por especialidad.
El cuarto eje: la paridad de género queda garantizada desde la estructura misma del proceso, no como un mero ajuste posterior. Mujeres y hombres competirán por separado dentro de su respectivo grupo, lo que convierte el resultado paritario en un efecto natural del diseño institucional, no en una asignación discrecional de las autoridades electorales.
El quinto eje fortalece la profesionalización. La capacitación permanente y obligatoria de las personas juzgadoras se eleva a rango constitucional.
No faltará en la derecha quien lea en esta reforma una confesión de que el modelo de 2024 falló. La lectura correcta es la contraria: toda transformación profunda requiere ajustes cuando la práctica pone a prueba sus mecanismos. Lo que sería preocupante es no aprender de la experiencia.
La reforma de 2024 inauguró la justicia democrática en México; esta iniciativa la consolida y perfecciona. Los cambios anunciados ayer por la Presidenta no debilitan la voluntad popular: le abren cauces institucionales más eficaces. En 2028, el pueblo volverá a las urnas para elegir a sus juezas y jueces con mejores reglas, boletas más claras y candidaturas mejor evaluadas. Solo un Poder Judicial con legitimidad democrática y competencia profesional puede garantizar lo que la sociedad mexicana lleva décadas exigiendo: una justicia pronta, imparcial y al alcance de todos.
