La anexión estadounidense de Groenlandia fue esta semana el tema más álgido de la agenda global. El debate, sin embargo, se ha caricaturizado como una excentricidad exagerada del presidente Trump. Reducirlo a eso es un error analítico grave. Detrás del tono burdo y provocador existe una discusión real y profundamente estructural sobre seguridad, poder y el orden internacional contemporáneo.
Empecemos por algunas verdades incómodas. Primero, Groenlandia no es un Estado soberano. Es un territorio autónomo, de apenas 50 mil personas, perteneciente al Reino de Dinamarca, con ciertas competencias, pero sin control sobre su defensa, política exterior ni seguridad estratégica. No tiene fuerzas armadas propias, depende económicamente de transferencias danesas y, paradójicamente, su defensa efectiva ha estado en manos de Estados Unidos por más de ocho décadas. La discusión, entonces, no es si perdería una soberanía que nunca ha ejercido plenamente, sino qué tipo de tutela la gobernaría.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia se convirtió en una pieza central de la arquitectura de seguridad del Atlántico Norte. Hoy, con el deshielo acelerado del Ártico, su valor estratégico se ha multiplicado. Nuevas rutas marítimas, competencia por recursos y, sobre todo, la creciente militarización de la región por parte de Rusia y China la han transformado en un nuevo teatro de poder global. En ese contexto, el argumento estadounidense de seguridad hemisférica no es descabellado.
Si Groenlandia pasara de la órbita danesa a la estadounidense, su estatus funcional cambiaría menos de lo que se cree. La diferencia estaría en quién ejerce la tutela: una pequeña potencia europea en declive relativo o una superpotencia global con capacidad real de defensa.
Aquí aparece, sin embargo, el límite fundamental del planteamiento. La geopolítica no existe en el vacío. Groenlandia no es una base militar flotante: es el hogar de un pueblo, mayoritariamente inuit, con una historia de colonialismo. La autodeterminación no puede convertirse en una molestia administrativa frente a los intereses de seguridad de las grandes potencias.
El problema no es sólo qué quiere Estados Unidos, sino cómo pretende conseguirlo. La seguridad puede ser un argumento legítimo, pero la negación de la voz de Groenlandia no lo es. Un proceso serio requeriría consultas reales, acuerdos multilaterales y respeto explícito a la voluntad local.
Tal vez la verdadera pregunta no sea si Groenlandia debe ser danesa o estadounidense, sino si el siglo XXI será capaz de conciliar seguridad global con dignidad humana. Si no lo logra, Groenlandia no será una excepción, sino un preocupante anticipo. Esta es la opinión glacial de tu Sala de Consejo semanal.
