La semana pasada hubo dos eventos que podrían tener un impacto positivo en el desempeño económico del país. Por un lado, la Secretaría de Hacienda anunció en la conferencia matutina el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y, por el otro, auspiciada por la Secretaría de Economía, ocurrió la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones con pequeños y medianos empresarios de todo el país. Hay varios aspectos de estos actos que vale la pena resaltar.
En primer lugar, cabe destacar el reconocimiento implícito por parte del gobierno de que la baja tasa de crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años es explicada fundamentalmente por los bajos niveles de inversión, tanto pública como privada.
Segundo, el reconocimiento explícito de que el aumento de la inversión en el país requiere del concurso tanto del sector público como del privado, es decir, que sus recursos, acciones y decisiones no son sustitutos sino complementos. De ahí la importancia de actuar simultáneamente en ambos frentes: incrementando la inversión pública en sectores estratégicos de la infraestructura nacional y promoviendo la participación de la inversión privada en este y otros ámbitos.
Tercero, la aceptación de que la precariedad de las finanzas públicas no debería convertirse en una limitante del desarrollo nacional. Esto requiere aceptar la necesidad de promover la inversión mixta (pública-privada) en sectores y obras prioritarias para el país. Así, el Estado puede seguir manteniendo la rectoría económica en aquellas áreas que considere estratégicas, pero puede apoyarse en los recursos financieros privados para su desarrollo. Esto requerirá del diseño de instrumentos y vehículos financieros que resulten atractivos y convenientes para ambas partes.
Cuarto, el planteamiento de volver a utilizar a la Banca de Desarrollo para el propósito para el que fue creada. Esta palanca del crecimiento fue completamente menospreciada y subutilizada por el ex presidente López Obrador, quien le tenía una especial animadversión a este sector. Estas instituciones, bien conducidas, podrían contribuir significativamente al bienestar de la población.
Quinto, la oportuna creación de un Consejo de Planeación en el que participará el gabinete económico y que será supervisado directamente por la propia presidenta Sheinbaum. Este consejo servirá para poder coordinar mejor las decisiones de gobierno y para identificar posibles cuellos de botella en la toma de decisiones.
Sexto, la incorporación de empresarios chicos y medianos de todas las entidades federativas del país. Hasta ahora, el acercamiento con el sector privado había ocurrido a través de las cúpulas empresariales o de grupos ad-hoc de grandes empresarios. Ahora, la creación de 32 Consejos Promotores de Inversión, uno en cada estado, con miembros de la pequeña y mediana empresa y coordinados por una mujer empresaria, parece ser una clara señal de acercamiento con un sector que, hasta ahora, se había mantenido alejado en su relación con el gobierno.
En su conjunto, esperemos que estas medidas logren reducir la incertidumbre, aumentar la inversión y fomentar el crecimiento económico del país.
