Ahora pienso que todo empezó con un gesto mínimo: un puñado de diamantina rosa cayendo sobre la cabeza y el traje del secretario de Seguridad Ciudadana. El funcionario explicaba a un grupo de manifestantes el avance de la investigación sobre una joven de 17 años que denunció haber sido violada por cuatro policías dentro de una patrulla. El problema es que en México las investigaciones avanzan tan despacio que la indignación siempre llega primero. Fue ahí que la diamantina lo alcanzó.
No era una agresión física relevante. Era una inscripción. Una letra escarlata —esta vez teñida de rosa— colocada directamente sobre el poder. Una marca pública de vergüenza que decía: “Este es uno de los que dicen cuidarnos y no lo hacen”.
Días después, el 16 de agosto de 2019, esa misma inscripción con brillos rosas fue grafiteada en algunos monumentos de la ciudad, incluido el Ángel de la Independencia. La marca había abandonado el traje de un funcionario para trasladarse al paisaje simbólico de la nación y decirle al mundo: “Este país no me cuida: me viola y me mata”.
Ese día las autoridades sintieron algo que rara vez habían sentido frente a las mujeres: miedo. El mismo que ellas estaban hartas de sentir. El gobierno, acompañado por muchos ciudadanos, condenó las pintas y anunció la necesidad de sancionar a las responsables por el daño al patrimonio nacional. No era un argumento falso: jurídicamente, las sanciones habrían sido defendibles. Sin embargo, la respuesta de las mujeres dejó el debate suspendido en una sola frase: “Les preocupan más los monumentos que las mujeres asesinadas”.
El 8 de marzo que siguió a las pintas fue el del 2020. La convocatoria resultó monumental. A unos días de la pandemia, las mujeres salieron sin miedo. El gobierno las recibió con ese mismo sentimiento. Las encapsularon en el Monumento a la Revolución, después vendrían las bardas y vallas que las mujeres cada año se encargan de llenar con nombres de muertas y diamantina.
A partir de esta marca pública de vergüenza —de ese sello de acusación sobre el poder— el gobierno ha hecho todo lo posible por recuperar la narrativa de la protesta. Arrebatarle su sentido acusatorio y devolverla convertida en conmemoración administrativa.
La decoración del Zócalo en tonos lilas y morados para recibir a las mujeres anunciada por Clara Brugada forma parte de ese intento de desplazamiento. Buscar que las acusaciones dirigidas hacia el poder se presenten como una conmemoración organizada por él mismo.
El gobierno busca que la marcha pase de ser una protesta a una manifestación del orgullo de ser mujer. Una fiesta en donde el anfitrión es el propio gobierno.
La marcha de ayer fue una fiesta. Una expresión identitaria para las más jóvenes y las niñas. Por eso hay alegría, fotos y música. Pero también es una marcha. Y marchar es un verbo difícil de domesticar. Marchar conjuga el hartazgo. Es un acto de rebeldía, pero también de orden: sincronizar los pasos y contagiar emociones. Marchar juntas para que un hecho privado se vuelva un hecho público. Marchar para que el miedo cambie de bando. Para decirse a sí misma ¡No estoy sola!
¡No estoy sola!
¡Somos una multitud!
Y eso el poder nunca —ni siquiera decorado de violeta— lo puede olvidar.
