No fue el nuevo incendio en la refinería de Dos Bocas, del que poco se sabe. Tampoco el derrame de crudo en el Golfo, del que el Gobierno insiste en saber todavía menos. Ni siquiera los nuevos hallazgos de restos humanos en el Rancho Izaguirre, donde ya nos habían jurado que no había nada. No. El gran problema de la semana pasada fue la semántica. Esa disciplina insolente que se empeña en buscar la palabra exacta cuando el poder agradecería un eufemismo dócil, higiénico y amable para la digestión oficial. Porque, claro, ¿para qué decir desaparecidos, si la palabra acusa y duele, habiendo tantas otras capaces de convertir la tragedia en algo más administrable? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que les digamos no localizados? No es como desaparecido que mantiene a la familia en un cruel limbo entre la vida y la muerte. No localizado, en cambio, suena a ventanilla de trámites. O extraviado, que suena a papeles revueltos. Ese no está nada mal. Hace parecer que el culpable es el que pregunta por su familiar. Uno mismo el que lo extravió. A ver, señora, busque usted bien y regrese mañana. ¿Y qué me dice de ausente? Parece ingenuo, como pase de lista escolar. No vino y ya. ¿Qué tal perdido? Como si hubiera tenido un leve contratiempo. Como le pasa a la llave de la casa. Se perdió. ¿Y escondido? Suena a que es su propia voluntad y en una de esas nos saca a todos del apuro. Curiosa y sombría especialidad la de este Gobierno: llevamos años buscando personas y él lo que busca son palabras.
Y todo porque el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU vino a cometer algo que nuestro gobierno entiende casi como una grosería: llamar a las cosas por su nombre. Después de reunir y examinar información desde 2012, el comité habló de indicios de desapariciones forzadas, de un fenómeno generalizado y sistemático, y de actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. O sea, vino a arruinar esa delicada artesanía oficial que consiste en bajarle el volumen al horror cambiándole el nombre. La misma artesanía con la que el derrame en el Golfo se convierte en gotitas en el Golfo, como dijo la gobernadora de Veracruz, y una fuga puede acabar convertida en emanaciones naturales, como sugirió la Presidenta. O, más fácil: como el fracking malo del que hablaba el expresidente cuando lo prohibió y este nuevo fracking que, siendo exactamente el mismo, aprueba la Presidenta, porque ahora es el fracking bueno.
Quizá lo más brutal de la reacción del Gobierno no fue la negación, sino cómo reorganizó el dolor. La ONU ofreció cooperación, asistencia técnica y apoyo forense. El gobierno respondió indignado, como si el agraviado fuera él. Ahí estuvo la obscenidad: las madres con palas buscando a sus hijos y el poder asumiéndose como la víctima.
Todos en el gobierno rechazaron el señalamiento de desapariciones forzadas y ninguno se detuvo en otra palabra más dura que contiene el señalamiento de la ONU: aquiescencia.
Una especie de complicidad sin firma. Esa manera de no hacerlo y, sin embargo, permitirlo. Mirar para otro lado. Impunidad. Tolerar, permitir, no escuchar.
Cambiemos la semántica: No es desaparición forzada, es desaparición aquiescente.
