El pasado 2 de junio, Baja California realizó elecciones para elegir 25 diputaciones, 5 ayuntamientos y la gubernatura de 2 años. Resultando electo Jaime Bonilla Valdez de la coalición Morena, PVEM, Transformemos y PT. Sin embargo, casi un mes después el congreso del estado, decidió que se debería ampliar el mandato de 2 a 5 años, favoreciendo al candidato electo; con 21 votos de Morena, PAN y PRI, una abstención y ningún voto en contra, situación que causó polémica y malestar nacional.
Ya con la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos (3 de 5), el pasado 23 de julio, a puerta cerrada en sesión extraordinaria y tan solo con 15 de las 25 diputaciones, se ratificó la ampliación del mandato. Las consecuencias de este acto no son menores, se altera el espíritu democrático, y se violenta el mismo proceso electoral, debilitando la importancia de las elecciones como mecanismo para elegir libre e informadamente a quien nos debe gobernar y/o representar. Como ocurrió en Hidalgo, el año pasado, cuando la LXIII Legislatura del Congreso pertenecientesa los partidos PRI, PAN, PANAL, PVEM, PES, al conocer los resultados de la elección 2018, las y los diputados se apuraron para modificar bajo un interés político-partidario, en una sede alterna y a escondidas: la Ley Orgánica del Poder Legislativo (que sabían quedaría en manos de la oposición) así como una iniciativa para reestructurar la deuda pública del estado. Sin mencionar que adelantaron el proceso de elección de la Comisión de Derechos Humanos (para colocar otro notario adscrito), así como cambios en la Procuraduría. Por eso, antes que Baja California; Hidalgo, fue primero. Otra vez, vemos que es en lo local, donde encontramos el principal obstáculo para consolidar la democracia.
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