Las obras de infraestructura pública son un factor imprescindible para mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento de la economía, cuyos objetivos están orientados a disminuir los niveles de pobreza y marginación e incrementar la competitividad de la región.
En días pasados, el gobierno municipal de la ciudad de León, Gto., presentó el Programa de Inversión en Obra Pública 2017, el cual representa una inversión superior a los 5 mil 200 millones de pesos.
El Programa de Inversión en Obra Pública 2017 consta de 400 obras en 5 ejes fundamentales:
Conectividad regional
Mejoramiento de los seis accesos a la ciudad que permitan una mejor movilidad al entrar o salir de la ciudad, incluyendo puentes vehiculares y nuevas vialidades.
Fortalecimiento de las comunidades rurales
Para fortalecer las actividades agrícolas se rehabilitarán caminos, se dotará de infraestructura hidráulica y eléctrica, además de pavimentaciones, entre otras.
Movilidad interna de la población
Se rehabilitarán nueve de los principales bulevares a fin de brindar seguridad a peatones y conductores; se dará continuidad a la cuarta etapa del SIT con la construcción de una nueva estación de transferencia, así como nuevos paraderos y la remodelación de algunos paraderos ya existentes. En el tema de movilidad sustentable se remodelaron y se construirán nuevas ciclovías.
Inclusión al desarrollo
Se pavimentarán 150 calles, se construirán nueve nuevos parques lineales y se rescatarán 25 espacios públicos y ocho barrios tradicionales, además de la modernización de 11 mercados públicos.
Nuevo alumbrado público
En los 62 bulevares que existen en la ciudad, se sustituirá el actual alumbrado con tecnología LED, lo que representará un impacto ambiental y económico, al reducir las emisiones de CO2 y reducir el gasto eléctrico.
La integralidad de este ambicioso Plan, representa un beneficio a la población en su conjunto, evitando caer en exclusiones, lo cual promueve la creación de condiciones sociales y económicas que mejoran los niveles de vida de la población; lo que además fortalece la identidad y pertenencia. Sin embargo, las responsabilidades no únicamente deben recaer en el Estado como proveedor de servicios, sino también en la población, en el uso y aprovechamiento responsable de los bienes y servicios públicos.
