¿Qué gesta, en términos de seguridad, un Estado fallido? El caos producido por la capitulación de las fuerzas del orden frente a los criminales. En todos los países hay delincuentes violentos, pero ahí donde existen policías y sistemas de procuración de justicia eficaces la delincuencia es contrarrestada por las autoridades y rechazada por la sociedad. El monopolio de la violencia legítima al que se refirió Weber se sustenta en la superioridad y en la legitimidad del orden estatal: los grupos delictivos son incapaces de poner de rodillas al Estado porque es más poderoso que ellos y porque ningún segmento social significativo les otorga su aquiescencia para hacerlo.
México padece una crisis de inseguridad que viene de lejos. El punto de inflexión se dio en 2006 y la espiral se disparó al grado de volver el problema endemoniadamente difícil de resolver. El crimen organizado rebasó el negocio de las drogas para insertarse prácticamente en todos los sectores de la economía: agricultura, industria, servicios. Y lo más grave: extorsiona y agrede directamente a la ciudadanía. Ejecuta actos violentos para delimitar y controlar un territorio y, de facto, cobra impuestos. Gobierna. La gente beneficiada, quienes son sus empleados, apoya; la gente perjudicada, quienes son extorsionados, se somete.
Cuando se llega a este nivel de descomposición social, económica y política no cabe engaño o autoengaño alguno. Hablar de avances en el combate a la inseguridad es ofender la sensibilidad y la inteligencia de los mexicanos. No es asunto cuantitativo sino cualitativo: basta con que se permita en algún lado, y aquí ocurre por cierto en muchas partes, para que se dé un cogobierno delincuencial. El Estado ha abdicado su principal responsabilidad, la que está en el sustrato mismo de su existencia. Cierto, después de tanto fracaso en la lucha contra el monstruo criminal era grande la tentación de trocar confrontación en entendimiento, pero los malos no entienden por las buenas. Se les entregó la plaza con la condición de que se portaran bien y chamaquearon a la 4T. Respondieron a los abrazos con más balazos porque perdieron el poco respeto que aún sentían por la autoridad estatal. La nueva estrategia resultó un fiasco más.
Ya habíamos visto a comunidades enteras defender a los cárteles que les dan de comer. Ahora vemos a las víctimas pedir a los capos que pongan orden, solicitarles la destitución de un cabecilla como se pide el cambio de un funcionario abusivo, como se tramita una revocación de mandato. La gente ya no se dirige a las instancias gubernamentales, se apalabra con quienes realmente ejercen el poder. A ellos se les tributa, ergo a ellos se les pide seguridad. ¡Seguridad! ¿Hay un mejor indicador de la debacle de la cosa pública en México? ¿Existe una muestra más contundente de la rendición del Estado ante su némesis?
No es cuestión de impotencia en la correlación de fuerzas. La Guardia Nacional, y no se diga el Ejército, tienen todavía más y mejor armamento que el crimen organizado. Fue una decisión política. Repliéguense, ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no quiero más masacres. Cambió de víctimas: las de ellos por las de nosotros. Regaló legitimidad a los criminales. Creó un oligopolio de violencia legítima.
