El debate es engañoso. Toda persona tiene derechos humanos, desde luego, pero a las que se convierten en criminales se les limitan. Su libertad es conculcada cuando un juez emite sentencia carcelaria, por ejemplo. Algo similar puede decirse de presuntos delincuentes buscados para ejecutar una orden de aprehensión o encontrados en flagrancia: si se resisten la policía tiene la obligación de detenerlos con una fuerza que no ha de usar contra ciudadanos de bien; una fuerza proporcional, acorde a protocolos, pero fuerza al fin, que incluye balazos cuando no queda más remedio. Los únicos abrazos que valen son los que sirven para someterlos y subirlos al vehículo que los llevará a su confinamiento.
La perogrullada de que los sicarios también son seres humanos es el escondite de una política de seguridad inconfesable. La decisión de no confrontar a los cárteles -o “dejarlos trabajar”, como se decía en los tiempos del PRI hegemónico que tanto añora el presidente López Obrador- es tan impopular e incorrecta que no la puede admitir públicamente ni él, cuya popularidad cubre casi todas las incorrecciones políticas. Decir que los cuida por humanismo es esgrimir un ardid discursivo y eludir la verdadera discusión: ¿tiene o no el Estado el monopolio de la violencia legítima? ¿Se ha rendido ante la delincuencia? He aquí la cuestión. Y la respuesta es evidente: el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen órdenes presidenciales de no chocar, de no usar contra el crimen organizado el costoso armamento comprado quién sabe para qué.
Muchos críticos de AMLO, en efecto, cayeron en su trampa narrativa y lo acusaron de excederse en la defensa de los derechos humanos. No es por ahí. Lo que la 4T tiene que responder es si realmente actúa contra el lavado de dinero y diseña operativos quirúrgicos contra los capos o si evita encararlos porque está en ruta de cohabitación -en el sentido que el régimen francés da al término- con algunos de ellos. Y es que cada vez que los militares acatan la instrucción de rehuir hasta la humillación el enfrentamiento con los criminales los empoderan más. Y los legitiman, porque les dan trato de autoridades frente a las cuales tienen que agacharse. El daño que esa “estrategia de pacificación” provoca a nuestras Fuerzas Armadas -y al Estado mexicano- es incalculable.
Antes se toleraban territorios controlados por los narcos, ahora se respeta y se cuida a tropas delincuenciales que deambulan por doquier sin ser molestadas. Es una rendición gratuita, por cierto: en el modelo del siglo pasado que se busca emular se les dejaba hacer y pasar a condición de que no derramaran sangre ni mercancía de este lado de la frontera, y ellos aceptaban el mando del gobierno. Hoy la violencia sigue desbocada, la droga se vende en México y son ellos los que mandan. Si eso no es claudicar, entregar la plaza o cohabitar, francamente no sé qué sea.
PD: Dice AMLO que Biden debe invitar a todos a la Cumbre de las Américas porque la política es diálogo “sin cargas ideológicas”, acuerdos entre quienes piensan distinto. ¿Y por qué en México él no invita a dialogar a quienes piensan distinto en vez de llamarles traidores, si dice que la mejor política exterior es la política interior? ¿Farol conciliador de la calle y oscuridad rijosa en la casa?
@abasave
