Tras la victoria del No en el referéndum por el que se ratificaban los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Estado colombiano, el Presidente Juan Manuel Santos logró el pasado 30 de noviembre su aprobación legislativa. Tras múltiples rondas de negociaciones entre distintos actores alcanzó un nuevo Acuerdo en el que incluyó a una parte de la oposición política que le permitió avanzar en el proceso de paz. Santos, premio nobel, ha logrado pavimentar los caminos para terminar con décadas de conflicto y violencia para iniciar una nueva era en Colombia y una nueva esperanza para los pueblos latinoamericanos.
El proceso de aprobación indirecta por la vía del Poder Legislativo fue fundamental para firmar los nuevos Acuerdos el 24 de noviembre y que a partir del 1 de diciembre entraron en vigor. Dicha aprobación no contó con el aval del Partido Centro Democrático, encabezado por el Senador Álvaro Uribe, quienes decidieron abstenerse de votar en ambas Cámaras. La votación sumó en el Senado 75 votos y 130 en la Cámara de Representantes suficientes para lograr su ratificación. Al igual que con el pasado Acuerdo de Paz, el elemento más controversial con el bloque uribista fue la participación política de quienes formaron parte de la guerrilla colombiana. Al respecto, se señala con claridad que los dieciséis espacios asignados para las víctimas de las FARC, en la Cámara de Representantes, no podrán ser en ninguna circunstancia para ex guerrilleros y los legisladores de las FARC no podrán participar en la Comisión de Protección y Garantías de Seguridad.
Los cambios al documento original se centraron en la retribución a las víctimas con la disposición para que sus bienes y recursos económicos sean parte de las reparaciones del daño causado a las víctimas. También se aclaró que solo jueces con nacionalidad colombiana podrán conocer de estos casos y los tribunales especiales señalarán los lugares de condena determinada. La Jurisdicción Especial de Paz se acotó para delimitar con claridad que serán diez años de vigencia y que únicamente serán aceptadas las solicitudes de investigación presentadas hasta 2018. Establece que las organizaciones no gubernamentales solo podrán acercar información a los magistrados y se garantiza a los soldados y policías en activo y retirados, tengan los máximos beneficios. Sobre las cuestiones agrícolas se reforzará la legislación para evitar la expropiación ilegal de tierras y dispone que no habrá nuevas zonas de reserva campesina. Todos aquellos que se presenten a la justicia tendrán que informar acerca de las actividades de narcotráfico de su conocimiento, entre otras disposiciones. El caso colombiano también está siendo revisado en la Corte Penal Internacional y han señalado que revisarán la implementación de los Acuerdos en materia de penas para los casos graves.
Que lo ocurrido en Colombia marque el rumbo de nuestra región, especialmente en los momentos de turbulencia que vivimos en el hemisferio. Esta buena noticia es motivo de inspiración para seguir fortaleciendo las instituciones políticas democráticas de la representación popular.
